El populismo en la política es una acción rápida que el político pone en práctica para conseguir un objetivo entre la población en general. El populismo causa mucho daño porque genera un entusiasmo momentáneo e irreal que, al enfrentarse con la realidad, se convierte en desilusión.
Fue populismo, por ejemplo, ordenar que no se cobre el peaje de Chillón, en dirección al distrito de Puente Piedra, decisión tomada por el alcalde de Lima, quien dispuso que ya no se cobre dicho peaje a los vehículos. Ese cobro había sido establecido durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, como parte de un convenio con una empresa brasileña. Si bien dicho acuerdo fue lesivo para los intereses de los ciudadanos de Lima —quienes debían pagar el peaje durante 30 años para devolver el dinero adelantado por la empresa—, según investigaciones del Ministerio Público, la medida de anular el cobro no siguió el debido proceso.
Al conocer esta situación, el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, decidió suspender el cobro del peaje. En respuesta, la empresa concesionaria acudió a un arbitraje internacional reclamando su derecho, lo que finalmente generó una pérdida económica para el país, ya que se le deberá pagar una millonaria compensación por los ingresos dejados de percibir.
En ese sentido, el tribunal internacional con sede en Washington falló a favor de la concesionaria del peaje del río Chillón, en Puente Piedra. En otras palabras, la Municipalidad de Lima perdió el arbitraje internacional contra la empresa Rutas de Lima, por un monto de 230 millones de soles. Cabe señalar que la decisión de anular el peaje había sido tomada inicialmente por el exalcalde Luis Castañeda. Según el tribunal, aunque la instalación del peaje estaba prevista para después de culminadas las obras obligatorias a cargo del concesionario —tal como lo establecía el contrato—, no fue correcto ordenar su suspensión. La resolución del tribunal se conoció luego de casi dos años de proceso.
Es importante precisar que la decisión del exalcalde Castañeda de suspender la implementación del peaje de Chillón no consideró los aspectos técnicos y jurídicos necesarios, vulnerando no solo los intereses de los ciudadanos, sino también los de la propia comuna limeña, que ahora deberá asumir el pago de 230 millones de soles.
Como se ha mencionado, la actual gestión heredó un contrato desnaturalizado, modificado de forma irregular y posteriormente interpretado de manera antojadiza por el concesionario, ante la permisividad de una administración edil complaciente.
Estas decisiones han generado desconfianza entre los inversionistas, quienes ahora dudan en venir al Perú por temor a que el país no respete los acuerdos. Sin embargo, el Perú da la bienvenida a la inversión privada, y sus leyes están diseñadas para protegerla.
(*) Abogado y exdecano del Colegio de Contadores Público de Lima.
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
