Los gobernantes de cualquier país del mundo, incluido nuestro querido Perú, deben cumplir con una serie de requisitos, tanto los establecidos en normas legales como aquellos que corresponden al buen juicio e, incluso, a las tradiciones. Estos incluyen, por ejemplo, la voluntad de hacer bien las cosas, actuar con energía en el ejercicio de la autoridad y comportarse con corrección, idoneidad, honorabilidad y honradez.
Sin embargo, nuestros altos funcionarios en la toma de decisiones también deben recordar dos principios fundamentales que, por lo general, son descuidados: por un lado, la oportunidad, y por otro, la prioridad. En cuanto al principio de oportunidad, un ejemplo reciente es la pretensión de aumentar el sueldo o remuneración mensual de quien ejerce la presidencia de la República.
El presidente o presidenta de la República personifica a la Nación, es jefe del Estado y ostenta la más alta jerarquía en el servicio al país, según lo establecen los artículos 39 y 110 de la Constitución. Por ello, es lógico que, al tener la mayor jerarquía, junto con las mayores responsabilidades, también tenga la mayor retribución económica. Sin embargo, su remuneración es menor que la de sus ministros, parlamentarios, jueces y fiscales supremos, miembros del Tribunal Constitucional, integrantes del Jurado Nacional de Elecciones y de la Junta Nacional de Justicia, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Bancos, el jefe de la SUNAT y otros altos funcionarios del país.
La menor retribución presidencial fue una decisión personal del expresidente Alan García Pérez, pero es necesario un correctivo al respecto. El tema no es si conviene el aumento, rectificando una disposición antigua, sino si este es oportuno en un momento en el que se busca imponer austeridad en el gasto público y combatir la delincuencia organizada, que tanto daño hace al Perú. Prueba de ello es lo acontecido días atrás en Pataz, donde fueron flagelados y asesinados trece trabajadores mineros, sumándose a la ola de extorsiones que prolifera en todo el territorio nacional. Evidentemente, el principio de oportunidad no ha sido una virtud del actual gobierno.
En cuanto a la prioridad, es evidente que, en el gasto público, se debe priorizar lo urgente sobre lo que no lo es e, incluso, sobre lo que carece de relevancia. En este sentido, ha resultado escandaloso que, en el Sector Educación, se haya pretendido, a través del Instituto Peruano del Deporte, adscrito al Ministerio de Educación, destinar trece millones de soles a un torneo de videojuegos sin ninguna importancia, mientras hay niños que reciben clases en diversos poblados sentados sobre ladrillos, en lugar de en carpetas. Incluso, muchas veces, en locales escolares que solo tienen el nombre de escuela, pues se están cayendo a pedazos y no son reparados por el Estado, que, sin embargo, se muestra dispendioso en otros aspectos. Estos son temas que deben ser tomados en cuenta y no pueden ser soslayados.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros.
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