La tierra agreste de Pataz, se desangró. Este hecho histórico de 13 mineros asesinados por la matanza de “Cuchillo” no es la primera vez. Pataz es la meca del oro. Históricamente un esfuerzo minero artesanal. Un territorio donde la búsqueda del oro ha marcado el ritmo de vida de sus comunidades. Sin embargo, en estas últimas semanas, el rojo carmesí de la violencia, dejando al descubierto una realidad que crece sin parar en nuestro Perú: la minería ilegal, de la mano de la criminalidad más despiadada. Buscan imponer su ley a sangre fría reclamando una hegemonía macabra sobre un negocio ilícito a cualquier costo.
El secuestro y posterior asesinato de trece trabajadores de la minera Poderosa no es un hecho aislado. Estos grupos, con una lógica perversa y una brutalidad sin límites, ven en la minería ilegal no solo una fuente inagotable de riqueza, sino también un territorio para ejercer su poder absoluto, silenciando cualquier voz que ose interponerse en su camino.
La sed de control hegemónico es palpable. No se trata solo de extraer oro sin regulaciones ni impuestos; es de dominar la cadena completa, desde la excavación rudimentaria hasta la comercialización clandestina, eliminando competidores, amedrentando a las empresas formales y sometiendo a las comunidades a su voluntad. El mensaje es claro y escalofriante: en Pataz, la ley la imponen ellos, y la resistencia se paga con la vida.
¿Cómo hemos llegado a esto?
La respuesta es compleja y multifactorial. Una débil presencia del Estado, una fiscalización laxa y una falta de oportunidades económicas en la región han creado un caldo de cultivo para la proliferación de la ilegalidad. La ausencia de alternativas viables empuja a muchos a la minería informal, convirtiéndose, en muchos casos, en carne de cañón para estas organizaciones criminales que los explotan y los someten. Pero la situación actual va más allá de la simple informalidad. Estamos hablando de crimen organizado transnacional, con tentáculos que se extienden más allá de las fronteras regionales, utilizando la violencia extrema como herramienta de control. El modus operandi, lamentablemente, nos recuerda a otras latitudes donde el narcotráfico y otras economías ilícitas han sembrado el terror para asegurar su dominio. La respuesta del Estado debe ser contundente e integral. Esto implica fortalecer la presencia estatal en la zona, garantizar una fiscalización efectiva, promover alternativas económicas sostenibles para las comunidades y, sobre todo, desarticular las redes criminales que se han enquistado en la región.
El oro de Pataz no puede seguir tiñéndose de sangre.
La lucha contra la hegemonía criminal en la minería ilegal no es solo una cuestión de orden público, es una batalla por la dignidad y el futuro de una región que merece vivir en paz y prosperidad, lejos de las garras de la violencia y la ilegalidad. La minería ilegal en el Perú, un problema que ha alcanzado proporciones alarmantes, no es un fenómeno que surge de la nada.
La minería ilegal en el Perú es impulsada por la codicia, la desesperación, la ineficiencia del Estado y la voracidad del crimen organizado. Abordar este problema requiere una estrategia integral y sostenida, que combine acciones represivas con medidas de prevención y desarrollo social. De lo contrario, el oro seguirá tiñéndose de sangre y la ilegalidad continuará extendiendo su sombra sobre nuestro país.
(*) Comunicadora digital, filósofa, periodista colegiada, docente, empresaria, estratega, mujer política del siglo XXI.
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