Sistema de justicia en modo “Cuellos Blancos” ¡y hasta peor!

Los que creímos que la divulgación de los audios, a mediados de 2018, del escandaloso caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto” iba a propiciar el mejoramiento de nuestro sistema de justicia, nos equivocamos de cabo a rabo. Efectivamente, los “Audios de la Vergüenza” revelaron a la bruta el extremo al que podían llegar ciertos jueces y fiscales cuando se pasaban al lado del mal. Sin embargo, transcurridos algunos años de aquel vergonzoso caso, y a la luz de los últimos acontecimientos, cabe preguntarnos: ¿habrán mejorado el Ministerio Público y el Poder Judicial… o seguirán tal cual? ¿Habrán recapacitado y enmendado su proceder los jueces y fiscales de nuestro país?

Bueno pues, Chibolín y muchos más nos vienen dando la respuesta a tal interrogante, de manera inequívoca: el sistema de justicia peruano sigue en modo “Cuellos Blancos” ¡y hasta peor! Efectivamente, ahora se habla de ¡un millón de dólares! para lograr la devolución de 100 kilitos de oro de unos mineros ilegales. También se habla de viajes de magistrados de altísimo vuelo, y hasta de remodelaciones de viviendas de jueces y fiscales todo pagado por delincuentes a quienes había que acusar y sentenciar con penas largas de cárcel.

Claramente, el sistema de justicia de nuestro país, léase, el Ministerio Público o Fiscalía y el Poder Judicial, propiamente dicho sigue siendo una institución infestada de corrupción, que muchos repudiamos. Soy el primero en reconocer que hay jueces y fiscales excepcionales incorruptibles, inteligentes, incuestionables que merecen nuestro mayor aprecio y gratitud. Pero lamentablemente son los menos.

El problema es que, aparte del sometimiento descarado de jueces y fiscales ante personajes repudiables y coimeros como Chibolín y su pandilla, están los convenios de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público y el Poder Judicial con el Instituto de Defensa Legal (IDL), que no son nada santos. Y lo mismo sucede con los convenios suscritos entre dichas instituciones judiciales con varias universidades privadas, mediante los cuales se otorgan beneficios económicos a jueces y fiscales… y a sus familiares.

Me refiero a aquellas universidades de propiedad de políticos en funciones como César Acuña (Universidad César Vallejo) y José Luis Elías (Universidad San Juan Bautista). ¿Qué justicia se podría esperar de jueces y fiscales, cuyos hijos – u otros familiares – estén estudiando en dichas universidades, en condiciones económicas ventajosas, ante casos delictivos perpetrados por los propietarios de las mencionadas universidades? Claramente… ninguna.

Aparte de conflictos de intereses, existe también el problema de la precariedad de la Fiscalía y el Poder Judicial, frente al poder económico y delincuencial de avezados narcotraficantes, desalmados criminales, poderosos mafiosos, empresarios y funcionarios corruptos y demás.

Mediante el presente artículo, quisiera sumarme a la propuesta de reformar radicalmente todo el sistema de justicia de nuestro país. Reforma que no podría gestarse dentro del propio sistema judicial, por más autónomo que sea, sino desde la ciudadanía, a través de una propuesta de los más connotados juristas y hombres de leyes de nuestro país. Algo así como un borrón y cuenta nueva.

(*) Exgobernador regional de Ica.

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