Crece inseguridad jurídica y ciudadana; para no reparar en la corrupción existente

Es lamentable lo que viene ocurriendo en nuestro querido Perú. Sostenemos que estamos viviendo una inseguridad jurídica debido a las leyes que se vienen dictando, tanto por el Congreso de la República, que no solo carece de técnica jurídica, sino que está netamente relacionada con el ámbito político y coyuntural. Todo esto con la única finalidad de evitar que algunos congresistas, que han sido denunciados por diversos hechos delictivos, sean investigados y sancionados. Por este motivo, se ha modificado la ley de colaboración eficaz, reduciendo los plazos, para que aquellos que se han acogido a este beneficio penal no puedan corroborar lo declarado.

Al haberse reducido el plazo, no se toma en cuenta la información proporcionada para demostrar la responsabilidad penal de estos malos congresistas. Con esta ley, se deja sin efecto y sin valor probatorio lo afirmado, lo que significa impunidad y seguir beneficiándose a costa del erario nacional, sin importar el grave perjuicio que conlleva la reducción de estos plazos, perjudicando la necesidad de sancionar a los que han delinquido en contra de los peruanos, como se corrobora por las diversas denuncias que se han efectuado en contra de estos congresistas.

Además, verificamos que el Ejecutivo viene dictando decretos legislativos, basados en facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República, “para dictar leyes penales, procesales y penitenciarias” que benefician a los delincuentes en contra de los peruanos honrados.

No es admisible que, bajo el pretexto de descongestionar las cárceles, se disponga la libertad de quienes han sido condenados por diversos delitos, hasta con un máximo de 12 años, puedan salir en libertad; es decir, más delincuentes en las calles.

Sin embargo, no hacen nada para combatir la delincuencia violenta y sanguinaria, que cada día se incrementa en todo el país, ante la ola de asesinatos, secuestros, extorsiones, robos, etc., inexistencia de planes y estrategias para combatirla.

Ojalá que no se trate de una estrategia de ambos poderes del Estado para que vivamos asustados y con miedo, ante el aumento de la delincuencia violenta y no reparemos en los delitos que vienen cometiendo algunos de sus integrantes o lo que vienen percibiendo, como bonos, gratificaciones, que ningún funcionario o servidor del Estado recibe; además, de lo que algunos reciben de manera ilícita y que diariamente son objeto de denuncias.

El Ejecutivo continúa dictando decretos legislativos, que vulneran derechos constitucionales, al otorgar facultades a la policía para que realice intervenciones a las comunicaciones, seguimientos, sin tener, previamente, la autorización del juez; es decir, basta que se le impute al intervenido que pertenece a una organización criminal, basado en el simple “criterio” del policía o que obedezca determinadas consignas o “pagos” de parte de cualquier funcionario que está siendo objeto de una investigación a raíz de denuncias sobre actos delictivos, para que periodistas u opositores al gobierno de turno o congresistas, que luego de estos actos “legalizados”, el o los intervenidos, sean denunciados y silenciados, o sea que sigan delinquiendo a costa del erario nacional y gozando de impunidad.

En realidad, al parecer, el objetivo es bastante claro: que vivamos atemorizados y aterrados, a fin de que no reparemos en todo lo que se nos viene, en base a estas ilegales e inconstitucionales decretos legislativos que se han promulgado, disposiciones que no debemos permitir.

(*) Exdecano del CAL

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