Los azares del destino hacen que el número 5 se empeñe en signar algún evento de relevancia en la historia del Perú. Fue un 5 de febrero de 1975 cuando, durante el régimen del general Velasco, una huelga policial dejó Lima a expensas de la delincuencia y se produjeron saqueos. El 5 de abril de 1992, el entonces presidente Fujimori dio el autogolpe y sometió a todos los poderes del Estado con el aval de las Fuerzas Armadas.
Y el 5 de abril del 2022, el mandatario Pedro Castillo anunció un insólito decreto supremo que declaraba el estado de emergencia no solo con la consiguiente suspensión de los derechos constitucionales a la libertad y a la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito, sino que también ordenaba la inamovilidad en Lima y Callao.
Si bien las críticas contra la medida dictada por el actual Gobierno tienen cierta justificación, pues la decisión se dio a conocer al borde de la medianoche e implicó la sorpresiva paralización de la economía —justo cuando la población lucha por superar los estragos económicos causados por la pandemia— de ninguna manera puede compararse con el autogolpe de Fujimori. Algunos sectores políticos creen ver en el decreto de Castillo la conculcación de las libertades ciudadanas, un síntoma de totalitarismo y comunismo. El escritor Vargas Llosa fue más allá y declaró que “antes se decretaba toque de queda para proteger a los ciudadanos de los terroristas, ahora los terroristas ordenan toque de queda para protegerse de los ciudadanos”. En realidad, es para preocuparse, pero llegar a esas exageraciones solo nos llevaría a descontextualizar la situación y no colocarla en su real dimensión.
Ayer nos referíamos a las causas de la actual crisis, que no ha sido causada necesariamente por los consabidos desaciertos políticos del Gobierno, sino por agentes económicos externos motivados por la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo cual no exime de responsabilidad al régimen, que reaccionó con lentitud. Las protestas son aprovechadas por delincuentes y vándalos para saquear casas comerciales, proceder que no tiene nada que ver con las justas demandas de los transportistas y agricultores.
Estas marchas son contra el alza de precios, primero de los combustibles y, segundo, de los alimentos de primera necesidad, con la consiguiente inacción del Gobierno para amenguar las consecuencias socioeconómicas de esta situación. ¿Asoma un régimen como el de Velasco o como el de Fujimori? Continuamos mañana. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
