42 abogados de Keiko Fujimori desfilan por el Ministerio Público
Fueron reclutados para desconocer las elecciones presidenciales y denunciar “fraude”
El fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, ha iniciado indagaciones e interrogatorios a 42 abogados convocados por Keiko Fujimori para denunciar fraude electoral, con el fin de sustentar su pedido de 30 años y 10 meses de cárcel para la excandidata presidencial por Fuerza Popular.
Según un informe de Hildebrandt en sus Trece, dichos juristas acudieron a una reunión celebrada en San Isidro al día siguiente de las elecciones del 6 de junio pasado y cuya anfitriona fue Giulliana Loza, abogada de Fujimori Higuchi. El objetivo era emprender una campaña para desconocer los resultados de los comicios presidenciales, mediante la anulación de votos e impugnación de actas electorales de la segunda vuelta, así como la denuncia de un “fraude en mesa”.
SIN PRUEBAS
José Domingo Pérez acelera los interrogatorios con la finalidad de incluir estos hechos, ocurridos en las elecciones del 2021, en el juicio oral que espera que dé inicio el juez en breve, luego de la etapa de control de acusación contra Keiko Fujimori.
De acuerdo al referido informe, de dichos 40 abogados la hija mayor de Alberto Fujimori contrató a 16 para denunciar, sin pruebas, un presunto fraude electoral. Según el reporte de financiamiento que presentó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fuerza Popular recibió S/ 2.1 millones en aportes privados (efectivo y especies), de los cuales el 75% fueron por servicios que prestaron abogados y las tasas que se pagaron para anular las actas de la segunda vuelta electoral, lo que supuso un desembolso de S/ 1’521,854.
“BUSCAR IMPUNIDAD”
Según el semanario, estas declaraciones serán usadas por Domingo Pérez para reforzar su tesis: Fuerza Popular sigue actuando como una organización criminal que obstaculiza la justicia y busca usurpar el poder para lograr la impunidad.
La hipótesis del fiscal José Domingo Pérez es que Keiko Fujimori estaría animando un clima de inestabilidad política para retrasar el juicio oral y así eludir la justicia. Con el fracaso de la campaña “fraude en mesa”, la lideresa de Fuerza Popular aún tiene dos estrategias que la podrían librar de afrontar en el fuero judicial las acusaciones por lavado de dinero y de ser parte de una organización criminal.
