La fiscal suprema Delia Espinoza, a cargo de la investigación a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, incluyó en calidad de investigados a 14 congresistas y dos exfiscales adjuntos supremos, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, patrocinio ilegal, cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias agravado y negociación incompatible, en agravio del Estado.
Según Ojo Público, entre los parlamentarios incluidos en el caso se encontrarían Martha Moyano y César Revilla Villanueva (Fuerza Popular), así como Patricia Chirinos y José Williams Zapata (Avanza País).
Además, estarían Jorge Flores Ancachi, Luis Aragón Carreño y Luis Cordero Jon Tay (Acción Popular), Edgar Tello y German Tacuri (Bloque Magisterial), José María Balcázar (Perú Bicentenario), Katy Ugarte (Unidad y Diálogo), Ilich López (No Agrupado), José Jerí Oré (Somos Perú) y Alejandro Soto (APP).
Además, se incorporó como investigado al exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón —se encuentra en calidad de prófugo de la justicia—, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado, a la vez que se incluyó al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico.
La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos informó, además, que se ha notificado a las partes procesales la disposición fiscal de ampliación y precisión de imputación contra Patricia Benavides.
ABRIERON OTRA CARPETA FISCAL
El Ministerio Público también informó que, en la citada disposición fiscal se ha dispuesto la desacumulación de hechos, generándose la carpeta fiscal N° 120-2024, en cuyo trámite se ha notificado la disposición fiscal N° 1 de inicio de diligencias preliminares contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, tres exfiscales adjuntos supremos y una congresista de la República, por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico en agravio del Estado.
