Disputa por el Puerto de Chancay pone en riesgo la relación Perú-China y miles de millones en juego
El Puerto de Chancay, una de las mayores apuestas logísticas de la región con una inversión superior a los US$ 3 500 millones, atraviesa una controversia que enfrenta la supervisión del Estado peruano con los intereses de capital chino. El conflicto surge en torno al alcance de la fiscalización pública sobre este terminal estratégico.
Un reciente pronunciamiento judicial recortó las competencias del Ositrán en materia de supervisión y sanción dentro del puerto, favoreciendo la posición de Cosco Shipping. Ante ello, la presidenta del organismo regulador anunció que apelará la decisión y reafirmó que la ley impide que una empresa privada determine quién la fiscaliza.
Desde el Ejecutivo, la Presidencia del Consejo de Ministros sostuvo que el proyecto debe ajustarse plenamente al marco legal peruano y no descartó recurrir a acciones legales para hacer cumplir la normativa. A su vez, el Ministerio de Transportes recordó que entidades como la Autoridad Portuaria Nacional y la Sunat ya operan en el terminal, garantizando controles sectoriales.
En el plano internacional, medios como Reuters han advertido que disputas regulatorias en proyectos vinculados a China pueden influir en futuras inversiones. Analistas peruanos y especialistas en Asia coinciden en que la claridad jurídica será clave para no afectar la confianza de inversionistas y el rol de Chancay como eje del comercio transpacífico.
