“Violan derechos de 820 militares y policías”

• El abogado sostiene que la no retroactividad de la ley penal es fundamental, pero esto ha sido puesto en cuestión por los caviares, en especial el decano del Colegio de Abogados de Lima y la fiscal de la Nación.

POR: CARLOS RIVERO MELGAR

El abogado constitucionalista Ángel Delgado señaló que es una perversidad que a militares y policías se les acuse por delito de lesa humanidad para perseguirlos judicialmente por más de 40 años, para finalmente terminar condenándolos por otros delitos. A continuación, sus puntos de vista dados en entrevista con nuestro canal digital La Noticia Perú:

En la sesión los martes democráticos se abordó el alcance de los delitos de lesa humanidad.

En agosto del 2024 se aprobó la Ley 32107, que acotaba en el tiempo los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra incorporados en nuestra legislación el año 2002. Lo que busca esa ley es que estos delitos se apliquen a partir de su incorporación en la legislación peruana, y bajo ningún concepto con retroactividad. Un principio del derecho penal es que los hechos y circunstancias que se producen, cuando no hay una calificación de delito previa, no pueden ser posteriormente señalados como tales. La no retroactividad de la ley penal es fundamental, pero esto ha sido puesto en cuestión por los caviares, en especial el decano del Colegio de Abogados de Lima, que ha presentado una demanda de inconstitucionalidad, a la cual se ha sumado la fiscal de la Nación, también dominada por el caviaraje. Ellos quieren aplicar estas normas hacia atrás, hacia sucesos ocurridos en los años 80, 90, cuando la forma del delito de lesa humanidad no estaba presente. El Congreso ha convocado a los más importantes abogados y representantes de la Academia en materia constitucional y derecho internacional para marcar una posición del Perú, que en el fondo lo que quiere decir es que el Estado peruano tiene la potestad de regular estas instituciones para que no sean aplicadas a mansalva como moneda corriente, y se cometan un millón de injusticias.

¿Qué son los delitos de lesa humanidad?

De acuerdo a los artículos 7 y 8 del Código de Roma, los delitos de lesa humanidad son aquellas agresiones, aquellos actos que se producen en el contexto de una agresión a una población civil, de manera sistemática y de modo generalizado y masivo que se da con conocimiento de causa y para imponer una determinada conducta o una ideología determinada. Si comparamos los hechos ocurridos durante la guerra antisubversiva, así como la actuación de las fuerzas del orden durante las violentas protestas en el gobierno de Dina Boluarte, nos daremos cuenta de que no estamos ante la figura del delito de lesa humanidad.

¿A cuántas personas podría alcanzar si este tema prospera en el TC?

Hay más de 820 personas, sobre todo miembros de la PNP y las Fuerzas Armadas, que desde hace años están siendo procesados por el delito de lesa humanidad. No estamos planteando ningún tipo de impunidad. Cualquier persona que, dentro de sus obligaciones y funciones, se excede y comete abusos, tiene que ser sancionada. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre y no utilizar una figura que nace después de la Segunda Guerra Mundial cuando se cometieron verdaderos genocidios.

La mayoría de estas 820 personas tienen más de 70 años y se les quiere aplicar el delito de lesa humanidad.

Acá lo perverso es procesar a una persona por lesa humanidad, y al final lo condenan por otro delito; pero lo han tenido 20, 30, 40 años perseguido por ese delito. Si hubiese sido procesado por otro delito considerado en el Código Penal, esos plazos ya hubieran prescrito. Son 820 personas perseguidas de manera indefinida por “la justicia”, porque al ser imprescriptibles, el proceso no tiene cuándo acabar, y se pueden reabrir en cualquier momento. Es un estado de inconstitucionalidad para muchas personas que están viendo agredidas en sus derechos fundamentales a la libertad, a la tranquilidad, por malos jueces que están aplicando normas que no corresponden, y que en muchos casos ocurrieron antes del 2002.

¿Y qué papel juegan aquí los organismos defensores de los derechos humanos?

Ellos son los propulsores de una ideología que pretende ser globalista y arrasar con las particularidades de cada nación. Es una tendencia que pretende imponer un gobierno mundial. En el caso jurídico, tanto la Corte Interamericana como la CIDH pretenden arrasar con nuestro derecho penal e imponernos determinados conceptos, porque para ellos el derecho internacional es el que está en los tratados que el Perú ha suscrito, pero interpretado por los jueces de la Corte de San José de Costa Rica. Hay algunas presencias de las Naciones Unidas para participar en el debate en torno a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados y la Fiscalía de la Nación, por eso es muy probable que veamos a toda la cofradía caviar internacional pretendiendo que el TC declare la inconstitucionalidad de una ley que nos dice que los delitos de lesa humanidad se aplican a partir de 2002 para adelante, y no hacia atrás porque es retroactividad.

LLAMA A PERUANOS A NO SER VASALLOS DEL ORDEN INTERNACIONAL

¿Nuestro sistema está preparado para hacerle frente a esta influencia caviar?

Creo que sí, y quiero confiar aquí en la figura de los honorables miembros del TC, porque hay jueces que, aduciendo toda esta farsa disfrazada de juridicidad, están rechazando la vigencia de la Ley 32107, hacen un control difuso, un control de convencionalidad, que es un término que no corresponde.

Y de esa manera, entonces, incumplen la ley. Esperamos que esta sentencia del TC nos sea favorable para defender nuestra soberanía, el derecho que tenemos los peruanos de hacer nuestras propias leyes a través del Parlamento y no ser vasallos del orden internacional. Esta situación de inconstitucionalidad tiene que acabar para las 820 personas y los casos que ocurrieron antes del 2002 tienen que ser sobreseídos y anulados.