“Usan a Keiko para tapar asesinato en caso Villarán”

• Según Ernesto Álvarez, en el caso “Cócteles” no hay medios probatorios para alcanzar el nivel de lavado de activos porque no se ha podido tener ninguna evidencia de que el origen de los fondos fuese ilegal, y sin ese elemento no se cumple el tipo penal.

POR: CARLOS RIVERO MELGAR 

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez, opinó que el exgerente de la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, José Miguel Castro, fue asesinado por sicarios profesionales con el objetivo que se paralice el proceso contra la exalcaldesa y, tanto ella como Odebrecht, sigan gozando de impunidad. 

 ¿A qué atribuye la lentitud con la que avanzan los procesos del caso Lava Jato?

A lo largo de estos años, hemos visto presidentes y ministros doblegados ante empresas brasileñas, y han permitido no solamente que gocen de impunidad, sino que sigan trabajando, tanto ellos como aquellos empresarios que se hicieron millonarios traicionando a la patria. Las empresas brasileñas siguen teniendo muchísimo poder en la administración de justicia, en el aparato del Estado, en gran parte del periodismo, y un sector de la Academia.

¿Qué nota le pondría a la labor del Equipo Lava Jato?

No solamente han frenado todas las investigaciones. El exgerente de Susana Villarán, José Miguel Castro, sabía muchísimo, y durante años había sido aspirante a colaborador eficaz. Los fiscales no tramitaron esa situación de colaborador eficaz porque al hacerlo tenían que asumir la información que iba a entregar y eso iba a impedir que se siga paralizando el proceso, lo que iba significar que sea condenada, no solo ella, sino el agente corruptor: Odebrecht. Implicaba, además, la confirmación de que los peajes eran fruto de la corrupción y por tanto las empresas brasileras no iban a poder ganar al Perú en sede arbitral internacional. A Castro lo han suicidado precisamente para paralizar el proceso contra Susana Villarán para intentar que pueda prescribir.

¿Usted cree que a José Miguel Castro lo asesinaron?

Por supuesto, y son sicarios profesionales. Muchos que defendieron a Odebrecht dicen que, como el cuerpo no tenía golpes, por lo que no hay lucha, y como no hubo lucha, no fue un asesinato. Son sicarios profesionales, ellos saben cómo entrar, cómo hacer para que por lo menos durante un tiempo se discuta si fue suicidio o asesinato. En el gobierno de Ollanta Humala ocurrió el asesinato del chofer, cuyas autopsias arrojaron informes diferentes. Para muchos, él fue quien sustrajo las agendas de Nadine, y por eso fue asesinado. A nivel internacional, los que atentan contra los candidatos presidenciales son de la izquierda, los que desaparecen testigos o cobran venganza también son los de izquierda, que en campaña electoral juran defender la vida, la libertad, pero son los que más empobrecen y no dudan en matar con tal de obtener impunidad. 

Hay un nuevo pedido de 35 años de prisión contra Keiko Fujimori ¿Considera que existe una obsesión del Equipo Lava Jato contra ella?

Lo que hay es un manejo político del asunto. Se quiere pasar como lavado de activos lo que es financiamiento indebido de campaña electoral. El proceso contra Keiko y dirigentes de Fuerza Popular nunca va a llegar a una sentencia, sino que es un distractivo que se usa para desprestigiar a Fuerza Popular y a Keiko. Este tema lo usan como una cortina de humo para tapar el crimen de José Miguel Castro. En el caso “Cócteles” no hay medios probatorios para alcanzar el nivel de lavado de activos porque no se ha podido tener ninguna evidencia de que el origen de los fondos fuese ilegal, y sin ese elemento no se cumple el tipo penal.

¿El fiscal José Domingo Pérez debe mantenerse en el caso?

Esto es un escándalo, y una prueba palpable de la corrupción y de la crisis moral que existe en el Ministerio Público. Ha investigado a Keiko por seis años por hechos que constituyen delitos, además, tiene una sentencia del TC y una decisión de la Corte Suprema, que dicen que su trabajo no sirve. ¿En qué país del mundo podría esa persona seguir como el fiscal del caso? Ni siquiera debería mantenerse como fiscal. Su trabajo oficialmente ha sido declarado inservible, inútil, y que siga en el caso es una prueba de que el tema ha sido politizado. Si se mantiene entre los primeros lugares en las encuestas, seguramente, otra vez aparecerá un supuesto agente de la DEA hablando de que tiene relación con el narcotráfico internacional. Lo mismo pasará con López Aliaga o Philip Butters, los acusarán de cualquier cosa, porque ellos (los fiscales) tienen el manejo del Ministerio Público con fines políticos. Acá, además de haber politizado la justicia, son incapaces de construir un caso para conseguir una sentencia.

¿Qué opina de la crisis en el Ministerio Público por la negativa de Delia Espinoza de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación?

El hecho de que un lío entre la Junta de Fiscales Supremos y la JNJ, que tiene la atribución de sancionar a los jueces o reponerlos, haya culminado con la decisión de un juez provisional con antecedentes graves, es una prueba de la crisis de la administración de justicia. Esta batalla legal denota la necesidad de una profunda reforma de la administración de justicia. Si el Congreso funcionara bien, tendría que reformar la Constitución o la Ley Orgánica, y elegir tres o cuatro fiscales supremos más para que los actuales no tengan tanto poder en forma individual. El gran problema que se ha generado es que el ciudadano común ya no puede confiar en la justicia. Su honor, su vida, su libertad, está en manos de gente que acepta coimas, que acepta presiones o que simplemente comete arbitrariedades sin inmutarse.

“MINISTERIO PÚBLICO TENÍA ANTES LOS MEJORES PENALISTAS”

El Dr. Ernesto Álvarez indicó que, cuando fue creado, el Ministerio Público tenía los mejores penalistas de la época, pero poco a poco fueron infiltrados por la política y sus sueldos fueron disminuidos respecto a la actividad privada.

“Hoy los fiscales supremos son designados por su mediocridad, fiscales con signos exteriores de riqueza que nadie investiga, otros con casa de playa de medio millón de dólares que no se justifica con el sueldo que reciben, pero acá no pasa nada”, agregó.