La ex primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, fue condenada a muerte por un tribunal especial en Dhaka, acusado de atribuirle crímenes contra la humanidad durante la violenta represión contra estudiantes que protestaron en 2024. La sentencia fue emitida en ausencia, pues permanece exiliada.
Los jueces determinaron que Hasina autorizó el uso de fuerza letal, incluyendo drones, helicópteros y disparos directos, para disolver las manifestaciones. Las operaciones dejaron cientos de muertos y miles de heridos, convirtiéndose en uno de los episodios más oscuros en la historia reciente del país.
La corte también concluyó ue la exmandataria no solo incumplió su deber de prevenir los abusos, sino que además alentó acciones represivas contra los manifestantes, considerados en su mayoría jóvenes que exigían reformas educativas y mejores condiciones democráticas.
Hasina calificó la sentencia como un “show político” desde su refugio en India. Aseguró que el tribunal fue manipulado y denunció que el proceso busca borrar su legado de estabilidad económica y crecimiento, afirmando que el juicio careció de imparcialidad y garantías legales.
Junto a ella también fue condenado a muerte el exministro del Interior, Asaduzzaman Khan, mientras que el exjefe de policía recibió cinco años de prisión por colaborar con la investigación. Las autoridades afirmaron que ambos tuvieron un rol clave en la represión del año 2024.
La decisión judicial provocó un estallido de protestas en varios distritos del país. Simpatizantes de Hasina bloquearon carreteras y denunciaron que la sentencia profundiza la crisis política, advirtiendo que podría abrir el camino a una nueva ola de violencia y polarización nacional.
El fallo aún puede ser apelado ante la Corte Suprema, aunque expertos consideran que la situación política es tan volátil que cualquier decisión podría desencadenar nuevos enfrentamientos. La comunidad internacional observa con preocupación este capítulo que podría redefinir el futuro institucional de Bangladés.
En medio de la tensión, analistas recomiendan que los organismos internacionales supervisen el proceso judicial, promuevan investigaciones independientes y exhorten al país a garantizar un clima seguro para las expresiones democráticas. También sugieren abrir vías de diálogo que eviten un nuevo conflicto interno y protejan los derechos civiles.
