En el país del “no pasa nada” con este gobierno, el nombramiento de Juan José Santiváñez, que salió por la puerta falsa y que Dina Boluarte nombró rápidamente asesor del despacho presidencial y también de la SUCAMEC —la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil—, nada menos, si esto no fue concertado previamente con el Congreso de la República, se trataría de una provocación del Ejecutivo al Legislativo.
Santiváñez fue vacado meses atrás por el Congreso, luego de una cuestionada gestión en el Ministerio del Interior. La censura fue por su deficiente gestión como titular del sector Interior, sumado a las diversas investigaciones por tráfico de influencias, abuso de autoridad y encubrimiento. Además, actualmente cuenta con impedimento de salida del país hasta noviembre de 2026.
Al analizar el nombramiento de Santiváñez como ministro de Justicia, debemos recordar lo que dijo Boluarte en su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, donde se refirió a la necesidad de una reforma en el sistema de justicia. No es casualidad que tanto Boluarte como Santiváñez cuestionen y ataquen a la Fiscalía y al Poder Judicial. Ante ello, ya se pronunciaron algunos congresistas en sus redes sociales, como la congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, quien criticó el retorno de Santiváñez, vacado hace pocos meses por su deficiente gestión en el Interior.
Ahora, gracias a Boluarte, retorna al gabinete como ministro de Justicia y Derechos Humanos. La congresista Luque señaló que “las cosas siempre pueden estar peor”, recordando que hablamos de un sector donde el gobierno ha demostrado su talante antidemocrático y autoritario. El regreso de Santiváñez solo confirma que el autoritarismo y la impunidad continuarán siendo la orientación de este gobierno.
La presencia de Santiváñez demuestra que no tendrán reparos ni problemas en seguir adelante para conseguir sus propios objetivos. La importancia que Boluarte le da quedó demostrada cuando lo nombró jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental en Palacio de Gobierno, donde despachaba con ministros y otras altas autoridades. El error de Boluarte al designarlo ministro de Justicia solo generará críticas de diversos sectores. Con ello, queda claro que Boluarte continúa burlándose del país y que Santiváñez goza de su simpatía política, no existiendo otra explicación para su permanencia en el poder, pese a todos los cuestionamientos.
Finalmente, es cierto que no existe un impedimento legal ni constitucional “expreso” para que un ministro censurado luego sea nombrado en otra cartera. Incluso existe un antecedente en este mismo gobierno con Pedro Castillo, cuando Betssy Chávez, censurada como ministra de Trabajo, fue designada posteriormente ministra de Cultura y luego presidenta del Consejo de Ministros. Todo un ejemplo de vergüenza ajena. Ya falta poco más de ocho meses para que tanto el Ejecutivo como el Legislativo logren su objetivo: llegar a julio de 2026.
(*) Presidente de Aprosec.
