Ahora sí la cosa está más clara. Si bien la mayoría de los manifestantes no respondería a consignas político-partidarias, sino a una protesta voluntaria y espontánea, definitivamente sí hay vándalos infiltrados que pertenecen a grupos con experiencia en prácticas terroristas. Los disparos con armas hechizas, comisarías incendiadas, fachadas de instituciones públicas destrozadas y buses de transporte público — con niños y mujeres embarazadas— asaltados por gente desalmada y sin corazón solo pueden ser realizados por hordas del terrorismo.
La protesta es un derecho que se configura a partir de otros derechos expresamente reconocidos por la Constitución. La detención solo cabe cuando se afecta el derecho de terceros, la propiedad privada o si se realizan actos de violencia contra la autoridad. Pero eso solo se da si la protesta es pacífica, no en situaciones como las ocurridas en Andahuaylas, Arequipa y otras provincias.
Justo en estos días, próximos a las fiestas de fin de año, cuando los comerciantes del Centro de Lima, las inmediaciones de los aeropuertos y las calles principales de otras ciudades paralizadas por la violencia han invertido más con la esperanza de tener más ganancias, ocurre esta barbarie que convierte las calles en un infierno. Por eso se dan escenas como las registradas en un video donde se ve a comerciantes de Mesa Redonda correteando con palos a un grupo de manifestantes, aunque sin llegarles a hacer daño. ¿Quién les restituye el derecho a ellos y también a los viajeros, ambulantes y emprendedores que viven del día a día y no saben hasta cuándo podrán volver a trabajar para ganar el pan de sus familias?
Es una guerra de pueblo contra pueblo. Muchos no creen que haya castillistas en las protestas. Claro que los hay, pues el expresidente tenía un 30% de respaldo, sobre todo en las zonas más postergadas del país, precisamente ahí donde se están dando las protestas. Pero no solo protestan de los castillistas, sino también muchos los considerados en el 87% que, según las encuestas, quieren que se cierre el Congreso.
Repetimos, la protesta es un derecho, pero solo si es pacífica. Hay focos de conflicto donde está clara la participación de terroristas. Estos sujetos deben ser capturados y encerrados para que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Es necesario investigar también cómo están organizados y si tienen alguna relación con congresistas u otros políticos. La violencia tiene que parar. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
