“La ONPE sigue igual que en la primera vuelta”

• Según el abogado penalista Luis Lamas Puccio, el JNE se ha negado a una auditoría externa, lo cual genera dudas, porque una auditoría interna no sería fiable al tratarse de los mismos actores evaluándose a sí mismos.

POR: CARLOS RIVERO MELGAR Y MANUEL BALDOCEDA

En entrevista con La Noticia al Día en La Noticia TV (canal 27.2 en Best Cable y 203 en Cable Go), el abogado penalista Luis Lamas Puccio analizó el proceso electoral en curso, el rol de la ONPE y el JNE, así como el alcance del informe de la Contraloría. Señaló que los organismos electorales continúan desarrollando sus funciones dentro de los plazos establecidos, y precisó que dichos informes no determinan responsabilidades por sí mismos, por lo que deben ser evaluados.

¿Se puede confirmar que Piero Corvetto ya forma parte de una investigación y que esta ha sido ampliada, pese a que ahora es exfuncionario?

En primer lugar, no se trata de una investigación, sino de una indagación, que es la etapa previa dentro del proceso fiscal. Esta indagación, que ha sido de conocimiento público a través de los medios, ha sido ampliada por aproximadamente ocho meses más, lo que permite tener una referencia del tiempo que podría extenderse antes de que el fiscal decida si corresponde o no abrir una investigación formal. Una vez que se inicia la investigación preparatoria, esta puede durar entre 12 meses y dos años. Posteriormente, si se formula acusación, se abre una etapa de evaluación que puede extenderse alrededor de seis meses adicionales. Solo después de ello, si la acusación es aprobada, se inicia el juicio, el cual también podría durar entre uno y dos años. El proceso completo podría tomar varios años, y en muchos casos incluso podría archivarse antes de llegar a juicio. En base a la experiencia, estos procedimientos suelen ser largos y complejos.

¿El informe de la Contraloría define responsabilidades por sí mismo o aún debe ser debatido dentro del proceso?

Respecto al informe de la Contraloría, este debe ser entendido dentro del contexto del proceso en el que se encuentra. No es un documento que determine responsabilidades por sí mismo, sino que debe ser sometido a debate y contradicción entre las partes involucradas.

¿Cuáles son los procedimientos del debido proceso que la ONPE debería realizar y qué plazos existen para que los funcionarios puedan responder?

Lo concreto es que la ONPE sigue operando exactamente como antes de la renuncia de Corvetto. Toda la plana gerencial continúa en funciones y actuando en los mismos términos. En realidad, no solo debió renunciar Corbetto, sino toda la estructura administrativa y gerencial, que es el motor del proceso electoral. La situación sigue igual que en la primera vuelta. Estamos hablando de una estructura administrativa compleja, no es lo mismo investigar a una persona que a una entidad con grandes recursos económicos y capacidad de defensa legal. La impresión que tengo es que la ONPE y el JNE continúan bajo los mismos parámetros, como si nada hubiera pasado.

Doctor, en redes sociales se ha visto al JNE fiscalizando el traslado de material electoral. ¿Cree que en esta segunda vuelta habrá mayor control y mejor imagen institucional?

Hay varias dimensiones. Una es la dimensión mediática, que es la más visible y llamativa, centrada en aspectos formales como el traslado del material electoral. Eso es lo que percibe la ciudadanía. Sin embargo, existe otra dimensión más profunda, estructural y operativa, que es la que realmente determina las decisiones. Por eso se plantea la necesidad de una auditoría, ya que acceder a esa información es de importancia estratégica. Lo que ve la opinión pública es solo una parte. Dentro de la estructura operativa de la ONPE y las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones ocurre otra realidad. En mi opinión, la lógica es continuar hacia la segunda vuelta sin cambios sustanciales. El Jurado se ha negado a una auditoría externa, lo cual genera dudas, porque una auditoría interna no sería fiable al tratarse de los mismos actores evaluándose a sí mismos.

¿Sería pertinente crear juzgados especializados en materia electoral?

Es una propuesta interesante y pertinente, pero sólo tendría sentido en un escenario electoral normal. Aquí estamos en una carrera contra el tiempo.

DENUNCIAS DEBEN EVALUARSE EN MARCO POLÍTICO COMPLEJO 

Lamas Puccio sostiene que el sistema político carece de partidos sólidos con ideología y estructura interna democrática, lo que abre espacios para proyectos políticos que se consolidan sobre debilidades institucionales. Señala que las decisiones no siempre responden a las mayorías, sino a negociaciones dentro del Congreso, lo que termina generando una penetración de intereses en el Estado y el uso del proceso electoral como una fachada democrática.

Afirma que las denuncias deben analizarse dentro de un marco político complejo y que será la Corte Suprema la que determine su validez. Concluye que el Perú repite situaciones políticas debido a la debilidad institucional y a la falta de organización partidaria real, con predominio de liderazgos individuales sobre estructuras consolidadas.