El Congreso de la República dio un paso histórico al eliminar el matrimonio infantil en el Perú. Esta medida establece que ningún menor de 18 años podrá casarse y, además, abre la posibilidad de anular aquellos matrimonios que se realizaron bajo la antigua norma. Con ello, se protege a miles de niñas y adolescentes que antes eran empujadas a uniones tempranas que les arrebataban su infancia. Se trata de una decisión que marca un antes y un después en la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país.
Las cifras reflejan la urgencia de esta decisión. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, cada año más de 56 mil niñas y adolescentes en el Perú inician una convivencia o matrimonio con hombres mayores. Tres de cada cuatro madres adolescentes provienen de los sectores más pobres, donde la vulnerabilidad es mucho más marcada. El panorama es alarmante: diariamente, once niñas de entre 10 y 14 años quedan embarazadas, y cuatro de ellas se convierten en madres. Estos números no solo muestran una dura realidad, sino que evidencian la falta de oportunidades y la desigualdad que golpea con más fuerza a las poblaciones vulnerables.
El matrimonio infantil nunca fue una elección libre. En la mayoría de casos, es el resultado de presión familiar, carencias económicas o contextos de violencia. Así, niñas que deberían estar en la escuela terminaban siendo esposas y madres antes de tiempo.
Por supuesto, hubieron críticas a esta medida. El parlamentario Waldemar Cerrón expresó que la norma podría dejar desprotegidos a los hijos de padres adolescentes. Preguntó qué ocurriría, por ejemplo, si un joven de 16 años tiene un hijo. Esa es una preocupación legítima, pero no puede ocultar la realidad de que un matrimonio precoz interrumpe de raíz el desarrollo personal, social y académico de los menores.
Desde un enfoque humano y jurídico, es claro que cuando un niño o adolescente se casa, se le obliga a asumir responsabilidades para las que no está preparado. Esto significa truncar su crecimiento natural, impedir que descubra quién es y restringir sus oportunidades de estudio y de desarrollo.
Hasta ahora, el Código Civil permitía el matrimonio desde los 14 años, lo cual contradecía principios constitucionales como el interés superior del niño, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la protección especial hacia los menores.
Obligar a una niña a casarse equivale a robarle la infancia. Con la nueva ley, se reconoce que lo primero debe ser su derecho a crecer, aprender, desarrollarse y construir un futuro con más oportunidades.
Hoy el Perú se alinea con compromisos internacionales de protección de la niñez y se ubica del lado correcto de la historia. Con esta reforma, decimos no más matrimonios infantiles, no más niñas obligadas a ser esposas y madres cuando apenas empiezan a vivir. Es un paso firme hacia un país más justo y humano.
(*) Juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Ucayali
