El caso de la congresista Lucinda Vásquez ha generado fuerte rechazo en el Parlamento tras difundirse una imagen en la que se le ve mientras su asesor, y además sobrino, Edward Rengifo Pezo, le corta las uñas de los pies dentro de una oficina del Congreso, durante el horario laboral. Ante la indignación pública, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó el hecho como “una humillación para los trabajadores del Parlamento” y pidió una sanción ejemplar a través de la Comisión de Ética.
Rospigliosi enfatizó que este tipo de comportamientos dañan gravemente la imagen institucional del Legislativo. “Es repudiable lo que ha ocurrido. Este tipo de actos no pueden suceder en el Congreso, deben ser sancionados sin contemplaciones. Es indignante que empleados del Estado sean utilizados para tareas que no corresponden a sus funciones”, expresó el titular del Parlamento, subrayando la necesidad de mantener el respeto a la función pública.
En la misma línea, el congresista Jorge Montoya señaló que lo ocurrido no solo constituye una falta ética, sino también un posible delito. “Debe ser sancionada por la Comisión de Ética y denunciada penalmente. Utilizar a un trabajador del Estado para fines personales es inaceptable y merece el desafuero”, declaró. Por su parte, el parlamentario Carlos Anderson advirtió que la impunidad en estos casos solo debilita la credibilidad del Congreso, y resaltó la necesidad de que tanto legisladores como asesores actúen con honor y responsabilidad.
Finalmente, el congresista Roberto Sánchez calificó las acciones de Vásquez como “indefendibles” y pidió que se investigue de inmediato. Cuestionó, además, el hecho de que las imágenes hayan salido a la luz tiempo después de ocurridas. En respuesta al escándalo, la Comisión de Ética Parlamentaria anunció el inicio de una investigación preliminar para determinar si la legisladora incurrió en faltas que ameriten sanción o incluso denuncia penal por el presunto uso indebido de recursos públicos.
