El abogado experto en temas electorales Alejandro Rospigliosi opinó que las personas con sentencias por delitos contra la administración pública deben ser impedidas de postular, y cuestionó que el Tribunal Constitucional haya resuelto amparos a favor de candidatos excluidos por tener condenas por corrupción.
Consideró que el TC ha actuado “de manera equivocada” al haber establecido que el artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones, que contiene dicha disposición, no es compatible con la Constitución.
Remarcó que por sobre el derecho individual de un sentenciado por corrupción “está el derecho de los 37 millones de peruanos a la buena administración pública”. Sostuvo que una persona con una sentencia en doble instancia no puede postular, pero si cumplió la pena, sí puede hacerlo, siempre y cuando haya pagado la reparación civil.
