El Ministerio Público decidió investigar la muerte de José Miguel Castro como un caso de homicidio. El fiscal Richard Rojas, de Miraflores, suscribió la disposición el 24 de septiembre y declaró “compleja” la investigación, ampliando el plazo por ocho meses más. Con ello, se abre una nueva etapa en un caso que hasta ahora se había mantenido bajo un fuerte hermetismo.
La necropsia practicada al cuerpo de Castro, analizada por el criminólogo Miguel Pérez Arroyo, descartó la hipótesis de suicidio planteada en un informe preliminar de la Policía. La Fiscalía, en esa línea, rechazó dicho documento y se enfocará en esclarecer las verdaderas causas del deceso.
Entre las diligencias ordenadas, el fiscal dispuso acceder al celular de la víctima, aún no revisado por la Policía, y recoger testimonios, incluido el del menor que estuvo presente en la casa el día de los hechos. También se citó a declarar a Susana Villarán y al alcalde Rafael López Aliaga, debido a las referencias que hizo la viuda de Castro sobre posibles conflictos.
Asimismo, se convocó a las peritas forenses que realizaron la necropsia para el 29 de octubre y se solicitó el informe toxicológico, aún pendiente por fallas técnicas en los equipos del instituto correspondiente. Con estas medidas, la Fiscalía busca dar un giro decisivo a la investigación y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del exgerente municipal.
