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Gobierno de Javier Milei denuncia “influencia extranjera” para desestabilizar proceso electoral
La denuncia fue presentada el jueves por el Ministerio de Seguridad.
El Gobierno de Javier Milei denunció que hay una «operación de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral» de cara a las elecciones de septiembre y octubre, y consideró que se trata de una «campaña de desinformación» que «responde a influencias extranjeras».
«El Gobierno Nacional denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral, con presunta influencia extranjera», anunció la Vocería Presidencial a través de su perfil de la red social X.
La denuncia fue presentada el jueves por el Ministerio de Seguridad y anunciada hoy por el portavoz presidencial Manuel Adorni, que acusó un «ataque ilegal, planificado y dirigido» mediante la difusión de grabaciones de funcionarios, pero sin mencionar, sin embargo, influencias extranjeras.
«Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas», añadió en su publicación la Vocería Presidencial.
Adorni acusó que dicha campaña tuvo por objetivo «generar caos y desinformación para condicionar ilegítimamente» los comicios legislativos del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires y la elección del 26 de octubre que renovará parte del Congreso Nacional.
Captación clandestina de audios privados
«La maniobra consistió en la captación ilegal y clandestina de audios privados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios, para luego manipularlos o difundirlos de manera escalonada previo a la contienda electoral», agregó la Vocería.
La denuncia incluyó, además, una solicitud para que la Justicia frenara la difusión de grabaciones de Karina Milei, hermana del mandatario, en medio de un escándalo de corrupción tras la difusión de audios de un funcionario describiendo un esquema de recaudación de sobornos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, que la tendría como beneficiaria.
La Justicia aceptó la solicitud y dictó una medida cautelar en la que se ordenó «el cese de la difusión únicamente de audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación».
