La SUNAFIL, como se le conoce a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Labora, tiene como función principal, promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas socio laborales, y de seguridad y salud en el trabajo.
La SUNAFIL también protege y garantiza los derechos laborales de los trabajadores, y debe velar con el cumplimiento del debido proceso administrativo, otorgando el derecho de defensa al sujeto administrado, vale decir a todos los empleadores.
El rol que cumple la SUNAFIL es fundamental en la protección de los derechos laborales, y debe cumplir una labor imparcial, pero muchas veces, hemos visto que ello no se da, porque el empleador siempre es sancionado, sin que se tome en cuenta los medios de pruebas presentados durante la etapa de investigación inspectiva.
La SUNAFIL fue creada el 15 de enero de 2013, a través de la Ley No 29981, pero inició sus funciones de fiscalización, recién el 2014.
El pasado 12 de noviembre del año en curso, la SIUNAFIL emitió un comunicado a su personal, que estaba adoptando medidas para garantizar los protocolos de seguridad, con la finalidad de salvaguardar la integridad de la información.
Se dispuso, además, el apagado y desconexión de los equipos de cómputo de las oficinas, y de los que manejaban, los propios inspectores de trabajo. Se sugirieron adoptar medidas alternativas para continuar con las actividades inspectivas, vale decir, se volvió a la época de la carreta, donde las órdenes de inspección se iniciaban de modo manual, y las actuaciones inspectivas, eran presenciales.
A la fecha, tampoco funcionan las casillas electrónicas de las empresas, no se reciben notificaciones, ni mucho menos se pueden cargar documentación socio laboral para cumplir con los requerimientos que fueron notificados antes del hackeo. No puede ser posible, que una entidad tan importante en nuestro país, no pueda proteger información fidedigna, dejando en estado de indefensión a los actores dentro de un proceso inspectivo laboral.
Prácticamente, se habría perdido toda la información presentada por los trabajadores y empleadores, transgrediendo sus derechos constitucionales, como son el derecho a formular denuncias, y principalmente el derecho de defensas de los administrados.
Se sabe que se vienen ingresando, los escritos de manera manual y de forma física, a través de los correos institucionales, generando caos y desorden, y más papelería.
Al no existir información, todos los procedimientos sancionadores se encuentran suspendidos, así como como los procesos en etapa de ejecución coactiva.
¿Hasta cuándo tendrán que esperar los sujetos administrados?
¿Se podrá recuperar la información contenida en los expedientes en materia de inspección laboral?
¿Se deberán suspender los plazos administrativos?
¿Se condonarán las multas?
Por último, el ataque cibernético, hoy le cayó a la SUNAFIL, pudiendo afectar a otra entidad pública, sino se toman las medidas correctivas, pues de lo contrario, se seguirán vulnerando de manera burda, las medidas de protección a los sistemas de información que se consideran tan sensibles.
Esta historia continuará…
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(*) Abogado Laboralista.
