Dictan impedimento de salida del país para Corvetto por 18 meses
Fiscal afirma que se investiga un presunto grave caso de corrupción en la ONPE
El Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por 18 meses contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el marco de la investigación por presunta colusión agravada en la contratación de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C. para el traslado de material electoral.
La medida fue ordenada por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima, y se extendió también al exgerente de Gestión Electoral José Samamé, al exsubgerente de Producción Electoral Juan Phang y a los funcionarios de la ONPE Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores.
Durante la audiencia, el fiscal Reynaldo Abia Arrieta subrayó que se trata de un “grave caso de corrupción”, específicamente de colusión agravada, delito que contempla una pena mínima superior a tres años de prisión.
“El señor Corvetto ha renunciado, no tiene trabajo y por ello el Ministerio Público debe garantizar la eficacia de los actos de investigación con su presencia, para esclarecer hechos graves que han generado zozobra e impacto en la sociedad, sobre todo de cara a la segunda vuelta electoral. Consideramos que podría evadir la acción de la justicia”, señaló.
Piero Corvetto, por su parte, se allanó al pedido fiscal como muestra de su disposición a colaborar con la justicia, aunque aclaró que ello “no implica el reconocimiento de ningún delito ni la convalidación de la hipótesis fiscal”. Respecto al pasaporte hallado en su vivienda, explicó que estaba vencido y que el documento vigente ya había sido entregado a la Fiscalía Anticorrupción.
PODRÍA CONFIGURARSE ORGANIZACIÓN CRIMINAL
El abogado penalista Julio Rodríguez advirtió que, además de la colusión, podría incorporarse el delito de perturbación al derecho al sufragio, previsto en el artículo 359 del Código Penal, debido al impacto de las fallas logísticas en el ejercicio del voto. Asimismo, no se descarta la configuración de delitos vinculados a organización criminal, lo que elevaría las penas hasta superar los 20 años de prisión en los escenarios más graves.
