Lima vive una crisis de seguridad ciudadana que se ha vuelto insostenible. Las extorsiones al transporte público han desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades, generando un clima de miedo, asesinatos de choferes y paros masivos en protesta por la ineficacia policial y gubernamental. La ciudadanía exige acciones inmediatas, no promesas vacías. En este contexto, desde Aprosec planteamos al Estado peruano una serie de medidas de emergencia, de carácter temporal pero firmes, por un lapso inicial de 10 días, mientras se articulan estrategias sostenibles a mediano y largo plazo con participación de la sociedad civil, las fuerzas del orden y especialistas en criminología y seguridad urbana.
1. Control de motos lineales: una medida urgente y efectiva
Una de las acciones más inmediatas debe ser la prohibición de circular con dos personas en una moto lineal dentro del perímetro urbano de Lima Metropolitana. En los últimos meses, muchos de los ataques y asesinatos contra transportistas han sido perpetrados por sicarios en motocicleta. Esta medida, de aplicación temporal, no busca criminalizar a los motociclistas honestos, sino prevenir y disuadir a los delincuentes.
Políticas similares se aplicaron con éxito en ciudades como Medellín y Barranquilla (Colombia), así como en Honduras y El Salvador, donde los asesinatos cometidos desde motocicletas disminuyeron significativamente tras restringir el uso de acompañantes. En Lima, la PNP debe tener la potestad de detener preventivamente a motos con dos ocupantes y verificar de inmediato su identidad y antecedentes.
2. Inteligencia policial en las rutas de transporte
Una de las revelaciones más alarmantes del reciente paro de transportistas es que las mafias extorsionadoras continuaron operando incluso durante la suspensión del servicio, evidenciando su control territorial y la impunidad con la que actúan.
Por ello, la PNP debe desplegar equipos de inteligencia encubierta en las principales rutas del transporte público, así como en paraderos y terminales informales. La labor no debe limitarse a redadas, sino incluir seguimiento financiero, intervención de llamadas y rastreo digital de cobros por extorsión, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público.
3. Seguridad armada en los buses
En los años 90, durante los paros armados convocados por Sendero Luminoso, los buses de Lima circulaban bajo custodia policial o militar. Esa estrategia permitió mantener la movilidad y evitar el colapso de la ciudad frente al miedo.
Hoy, tres décadas después, la situación exige medidas similares: designar personal policial o militar en buses o terminales mientras se restablece la seguridad. Aunque temporal, su presencia simbólica tiene un efecto disuasivo inmediato frente a las mafias. Hoy, Lima parece vivir una guerra silenciosa, donde los delincuentes imponen su ley y los ciudadanos sienten que la autoridad ha claudicado. Enfrentar esta crisis exige liderazgo y decisión.
(*) Presidente de Aprosec.
