Sin duda, la incertidumbre, como densa sombra, es el signo de nuestro tiempo. La razón de la opacidad del espacio público. La diafanidad que otrora poseían los principios y valores que regulaban el quehacer político, ya no existen.
No extraña, entonces, el cúmulo de extravíos, yerros y fracasos que infestan la convivencia. Que de pacífica le queda muy poco. Por eso la comunidad, deambula errática, exudando derrotismo y frustración por doquier. Todo ello expresa una crisis existencial. Y de no mediar salida, el Perú podría dimanar hacia un Estado fallido, a la postre.
Prueba de este caminar a ciegas es la creencia, casi incontestable, que la proliferación de leyes duras en penalidad proveen soluciones mágicas. No importa que la realidad, con tozudez, deshaga –una y otra vez– dichas ilusiones. La angustia ante la violencia criminal es de tal magnitud, que necesita de esta clase de recetas.
Así sean inocuas. Rodamos por círculos erráticos, sin encontrar soluciones. ¡He ahí la fuente de la desmoralización que nos embarga como sociedad! Fallamos al no encontrar rumbo para superar las dificultades.
Integra esta mórbida confusión la recurrencia terca al estado de emergencia contemplado en la Constitución, como panacea para enfrentar a una criminalidad indómita y creciente. Nada se ha logrado con su uso, como la evidencia dicta. Pero las ansias desesperadas de la población, más la ignorancia de las autoridades, nos lleva nuevamente a ella. Como un eterno retorno. Pese al fracaso cantado. Porque suspender libertades por dicho estado de excepción, no sirve para conjurar al delito común. Sí vale cuando hay “perturbación de la paz o del orden social” (Inc.1, Art. 137º constitucional).
Obviamente el gansterismo y variantes, no actúa públicamente. Al contrario, pulula en los entresijos de lo social, en la trastienda, en la oscuridad. Allí perpetra sus fechorías, extorsiona y mata. ¡Ser invisible es la clave para el éxito criminal!
Por otro lado, para perseguir a los delincuentes, capturarlos y allanar sus locales, no es menester el decreto de emergencia. Bastan las potestades de los fiscales y los mandatos judiciales. Sin embargo, estas razones no prevalecen frente a la psicosis colectiva ni la inoperancia gubernamental. ¡Costará bastante erradicar esta falacia del imaginario popular!
En cambio, la emergencia decretada sí debería cancelar las asonadas que se disfrazan de marchas populares, Mientras dure ésta. Ese es el sentido de poner en suspenso las libertades de reunión y de tránsito. Evitar que la violencia callejera provoque ataques a la policía, la destrucción de la propiedad pública y privada y, sobre todo, muertos y heridos. ¡Justamente lo que buscan los sediciosos!
Si a pesar de la medida, el gobierno sigue permitiendo el caos anarquista, escudado por un seudo “derecho a la protesta”, entonces la emergencia será un bluf publicitario, una estafa a la ciudadanía.
(*) Abogado constitucionalista.
