Paridad y alternancia en riesgo: retrocesos que podrían marcar las próximas elecciones

A seis meses de las Elecciones Generales, la modificación de la Ley de Organizaciones de Partidos Políticos y de la Ley General de Elecciones referente a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la política nacional genera preocupación. La paridad horizontal obligaba a los partidos a colocar mujeres como cabezas de lista en la mitad de las candidaturas para gobernaciones regionales. Sin esta regla, los partidos ya no tendrán que ofrecer estos espacios de liderazgo. Esto abre la puerta para que las candidatas sean relegadas a cargos de menor jerarquía, con menor visibilidad y menor capacidad de decisión.

La alternancia en la fórmula presidencial también representaba un avance importante. Esta norma establecía que las candidaturas de presidencia y vicepresidencia debían intercalarse entre hombres y mujeres. Con su eliminación, los partidos podrán presentar fórmulas donde un solo género ocupe los principales cargos de elección, debilitando la representación equilibrada en los más altos niveles de gobierno. El Jurado Nacional de Elecciones recordó que la participación política es un derecho humano reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución del Perú.

El ejercicio de este derecho exige marcos que garanticen igualdad de oportunidades para todos. Sin embargo, con estos cambios se corre el riesgo de retroceder a una etapa donde la presencia femenina en cargos importantes sea la excepción y no la regla. La Ley de Paridad y Alternancia, aplicada en las elecciones generales de 2021, ya había mostrado resultados positivos. Permitió que el porcentaje de mujeres parlamentarias se elevara de 25.4 % en 2020 a 37.7 % en 2021, según datos de la ONPE. Estos números evidencian que las reglas de equidad funcionaban y que su eliminación podría frenar el avance hacia una mayor inclusión. Más allá de los porcentajes, la ausencia de mujeres en puestos estratégicos afecta la legitimidad de todo el sistema democrático. Las decisiones públicas requieren diversidad de perspectivas para responder a las necesidades de una sociedad compleja.

Reducir la presencia femenina limita la capacidad del Estado para tomar decisiones más justas y representativas. La confianza ciudadana también está en juego. Cuando la población percibe retrocesos en igualdad, siente que las reglas pueden cambiar sin proteger derechos ganados. Esto erosiona la credibilidad en las instituciones y debilita la calidad de la democracia. No se trata de un simple ajuste normativo. Lo que está en juego es si las elecciones de 2026 se realizarán bajo principios de equidad o bajo un esquema que favorezca la exclusión y perpetúe desigualdades. Garantizar la participación de mujeres y hombres en condiciones equitativas no es un privilegio ni una concesión. Es una obligación para asegurar que el país cuente con una democracia sólida, justa y verdaderamente representativa.

(*) Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Ucayali

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