
En Los Ángeles, Estados Unidos, desde principios de junio han estallado protestas contra redadas migratorias llevadas a cabo por el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas). Estas marchas, inicialmente pacífica, se tornaron violentas cuando el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y agentes federales -en Nueva York, respondieron con los flash-bangs (granada aturdidora), gas lacrimógeno y balines de menos letales, se registraron docenas de heridos, incluidos manifestantes y más de 30 periodistas atacados mientras informaban los hechos. Uno de los casos más alarmantes fue el de una mujer impactada a quemarropa con un proyectil de control de multitudes, mientras caminaba cerca de su hogar, generando reproche nacional.
Estos eventos reflejan un problema creciente: el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas del orden, que transgrede el límite oficial y que deteriora una situación más peligrosa para civiles, periodistas y, por extensión, el tejido democrático. El 10 de junio en Cali (Colombia), una secuencia de tres atentados explosivos destrozó barrios urbanos, con víctimas civiles y policiales.
El atentado se vincula a conmemoraciones de muertos en el conflicto y revela la persistencia de tácticas violentas en zonas urbanas inseguras.
En Bogotá (Colombia), el 7 de junio el senador Miguel Uribe Turbay del Partido de Nuevo, fue herido de gravedad en un evento político, un episodio que recuerda los peores momentos de la violencia electoral del pasado, fenómeno que actualmente continúa extendiéndose en varios países de la región y sobre el cual Aprosec ha venido alertando.
En junio, en Colombia, además, se reportaron 24 atentados coordinados en zonas como Cauca y Valle del Cauca, con explosiones, secuestros y asesinatos atribuidos a disidencias de las FARC. Al menos siete personas fallecieron. La multiplicación y sofisticación de estos ataques sugieren un crecimiento del crimen organizado y la reaparición de tácticas terroristas urbanas, lo que agrava la sensación de inseguridad y la vulnerabilidad ciudadana en contextos cotidianos.
ESTRATEGIAS
- Refuerzo del control en protestas y campañas electorales sin vulnerar derechos.
- Protección efectiva a periodistas y observadores civiles como garantía de transparencia informativa.
- Reforzamiento de inteligencia en zonas de alto riesgo con coordinación interinstitucional y enfoque comunitario.
- Programas sociales destinados a jóvenes en riesgo, promoviendo inclusión educativa y laboral.
- Inversión en infraestructura de seguridad urbana, iluminación, cámara y presencia policial comunitaria.
- Cooperación regional para el combate del crimen trasnacionalmente.
El panorama de violencia y represión en EE. UU. y América Latina presenta nuevos desafíos y protestas en combinada con el uso de fuerza, violencia política que renace en contextos electorales, uso de violencia urbana extrema y que en Perú el gobierno de Dina Boluarte no está preparado para afrontar en medio de la peor crisis de seguridad ciudadana de la historia reciente. El futuro de la protección ciudadana dependerá de la capacidad de los gobiernos para combinar precaución comunitaria, protección de derechos y justicia efectiva.
(*) Presidente de APROSEC.
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