Estamos acostumbrados a llenarnos la boca y, con gran pompa y estilo, decir que el Perú es minero, que tenemos una cordillera de los Andes con tres ramales de norte a sur, que no la tiene ningún otro país y que encierra diversidad de minerales metálicos y no metálicos, que nuestras reservas tanto probables como probadas son cuantiosas, que somos uno de los productores más importantes de cobre, que tenemos minería aurífera, que contamos con litio, uranio y tierras raras, que cada día se necesitan más en nuestro mundo y que los ingresos fiscales originados en la actividad minera son inmensos.
Todo lo expuesto: pues de maravilla, pero frente a ello tenemos una burocracia que frena la actividad minera, que se demora una eternidad para expedir permisos, licencias y autorizaciones, que las concesiones y registros para ser entregados son peor que el “parto de los montes”, que para cualquier trámite hay que recurrir a diversidad de autoridades que ponen vistos, proveídos, sellos, firmas y resoluciones por doquier, con tiempos que pondrían de mal humor y harían exclamar hasta a Job las más inauditas procacidades.
Año tras año, el ministro de Energía y Minas (MINEM) concurre a la Convención Minera en Toronto (PDAC) ofreciendo el oro y el moro a los inversores mineros del mundo, prometiendo facilidades para que inviertan en nuestro país, jurándoles en nombre de cuantas vírgenes se invocan que los trámites serán céleres y sencillos. Por supuesto, juran en vano y tendrán que confesarse, pues la triste realidad es otra.
Bueno, pues, conforme lo ha dado a conocer el Instituto Fraser de Canadá, en la Encuesta Anual de Compañías Mineras 2025, en el Índice de Atractivo a la Inversión Minera, el Perú se encuentra en el puesto 41, habiendo vuelto a retroceder, aunque sea en una posición.
Hay infinidad de proyectos mineros que duermen el sueño de los justos, de los injustos, de los creyentes, de los no creyentes, de los religiosos, de los agnósticos y hasta de los ateos, en los anaqueles del MINEM y de diversas otras instituciones públicas, y si algo se mueve en los expedientes es porque les cayó el polvo y los mudan a otro anaquel.
Además de todo ello, la conflictividad social, que muchas veces es propiciada por quienes no quieren que el Perú avance y se desarrolle, soliviantando a las poblaciones aledañas a los yacimientos mineros, ocurre ante la pasividad de las autoridades que se llaman competentes, aunque más incompetentes no pueden ser, pues ni siquiera buscan armonizar a los inversores y a las poblaciones circundantes para que juntos puedan crecer y beneficiarse de la minería.
No estamos santificando a todos los que forman parte de la actividad minera, pues hay formales como también informales, cumplidores de las normas como violadores de aquellas. Lo que queremos es que todos sean formales, todos paguen sus impuestos y contribuciones, que se paguen remuneraciones adecuadas y justas y, en buen romance, que todos puedan beneficiarse de los resultados de esa lucrativa actividad.
Todos ya estamos hartos de las promesas para reducir la tramitología asfixiante de nuestra patria, la que lamentablemente se ha enquistado también en el sector minero desde hace ya bastante tiempo.
Un medio de prensa especializada en temática económica, entrevistando al exministro de Energía y Minas Rómulo Mucho, reprodujo sus declaraciones en el sentido de que un importante obstáculo para la actividad minera es la tramitología excesiva, la conflictividad social y la falta de coordinación entre los entes del Estado, proponiendo la ventanilla única, con lo cual coincidimos. No será la panacea, pero algo ayudará.
Por último, y para aclarar el título de esta columna, no nos hemos equivocado en el término “burrocracia”; ha sido a propósito, aunque dejando a salvo a los buenos funcionarios públicos, que también los hay.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros.
