La compañía española Vegal MEQ, dedicada al rubro sanitario, denunció a su exsocia, la empresa china SUMEC en el Perú, por presuntamente ejecutar prácticas ilegales que incluyen el hurto agravado de información y el cobro de más de 43 millones de soles bajo un consorcio que ya no existe, según un informe difundido por Willax Televisión.
De acuerdo con el reportaje, la alianza comercial empezó en 2021 para equipar cuatro hospitales en Ayacucho (Coracora, Cangallo, San Miguel y San Francisco). Según los denunciantes, SUMEC ingresó al mercado local sin contar con equipamiento médico, personal técnico ni oficinas propias, aprovechando la infraestructura de la firma española con el propósito de establecerse en el país.
El 23 de julio de 2023 finalizó jurídicamente la relación comercial entre ambas empresas, unidas en el consorcio Sicsameq001. Sin embargo, Vegal MEQ sostiene que la firma asiática continuó operando y adjudicándose contratos de manera irregular. Actualmente, denuncian que SUMEC sigue cobrando montos superiores a los 10 millones de soles utilizando el nombre de la sociedad extinta.
A esta presunta estafa se suma un incidente registrado por cámaras de seguridad. Ángel Castro, representante legal de Vega MEQ mostró al citado canal imágenes en las que, según él, se observa al contador y a la gerente comercial de SUMEC desmantelando las oficinas del consorcio. Señaló que los implicados habrían arrancado cámaras de vigilancia y sustraído computadoras, impresoras e información técnica y financiera sensible antes de abandonar el lugar.
El denunciante agregó que, pese a las pruebas presentadas, el proceso legal enfrenta serios obstáculos. La denuncia por fraude en la administración de personas jurídicas y hurto agravado fue interpuesta ante la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro. Sin embargo, los afectados sostienen que el caso ha sido archivado hasta en dos ocasiones por la fiscalía adjunta.
Los denunciantes indican que el perjuicio económico total estimado supera los 35 millones de soles en equipos médicos —como tomógrafos y monitores— entregados unilateralmente a contratistas deudores, sumado a los cobros posteriores a la disolución.
