En la acción presentada en Estados Unidos por la Municipalidad de Lima, encabezada por el alcalde Rafael López Aliaga, con el propósito de anular los peajes de Rutas de Lima, bajo el argumento de que el contrato nació de la corrupción, Scotiabank y la multinacional Brookfield, también canadiense, se esmeran en poner obstáculos para evitar que se abran las pruebas y se llegue a una pronta sentencia.
El diario La Noticia dialogó con el doctor Martín De Luca, representante legal de la Municipalidad de Lima en este litigio que se ventila en EE. UU., quien señaló que se sabe que Brookfield podría tener responsabilidad en los presuntos actos de corrupción que investiga la Fiscalía, pero ahora se han encontrado con los artilugios a los que está recurriendo Scotiabank.
En dicho país norteamericano, el jurista viene batallando legalmente con el objetivo de ganar una causa que, como dice el burgomaestre López Aliaga, beneficiará a millones de personas que viven en los distritos del Cono Norte de Lima y que tienen que pagar costosos peajes. Ante los recursos por los que ha optado Scotiabank, al igual que Brookfield, el letrado le ha dado un giro a su estrategia.
Martín De Luca, quien durante seis años ha sido fiscal federal y estatal en Nueva York, donde actualmente se desempeña en la actividad privada, señaló que han recurrido a discovery, proceso que permite a las partes de un juicio acceder a información y pruebas que pueden ser utilizadas como evidencia en un caso del sistema judicial de EE. UU. Martín De Luca explicó que la Municipalidad de Lima presentó discovery con la finalidad de capturar pruebas con una orden judicial, como se procede con una persona física, jurídica, que está presente en la jurisdicción de EE. UU. Agregó que el juez autorizó en cinco días su petición en su totalidad.
“¿Qué pedimos? Explicamos el caso de Rutas de Lima, explicamos lo que se está litigando internacionalmente y lo que se está litigando en Perú, y que viene el juicio de Susana Villarán, que está la investigación de lavado de activos de Brookfield con Odebrecht y un par de otros procesos”, detalló.
Explicó que la ley de EE. UU. permite juntar pruebas de partes físicamente presentes en ese país. “Scotiabank tiene una presencia en Nueva York para uso en el exterior, en este caso, para el juicio contra la exalcaldesa Villarán, del proceso penal de lavado y otros”, acotó.
“El problema es que esto no estaba en los cálculos de nadie, los arbitrajes. Y las reglas de discovery y lo que uno tiene que entregar de pruebas es un arbitraje radicalmente diferente que en las cortes federales de EE. UU. Les cambiamos el foco de la zona de confort de los arbitrajes y los metimos en la Corte Federal”, manifestó.
El jurista indicó que el juez autorizó todos sus pedidos de discovery. “Pedimos Discovery de varias personas: 33 entidades, 48 individuales, personas, y 5 cuentas bancarias. Del total de esas personas, dos salieron a oponerse y pidieron como tres meses para presentar sus objeciones: Fueron Brookfield y Scotiabank”, aseveró.
Pero, ¿qué papel jugó Scotiabank allá en el 2016, cuando Brookfield compra Rutas de Lima? Estuvo a cargo del proceso competitivo del proyecto de concesión y de la vigilancia de cuentas de Rutas de Lima. Es decir, avaló la fraudulenta compra de acciones de Brookfield a Marcelo Odebrecht.
“Pidieron varios meses para presentar sus objeciones y el juez se los rechazó. Les dio un tiempo mínimo. Querían demorar para no tener que abrir las pruebas. Scotiabank se resiste a presentar pruebas”, expresó el abogado.
EL OBJETIVO ES DEMOSTRAR QUE LA COMPRA DE ACCIONES DE ODEBRECHT FUE FRAUDULENTA
La Municipalidad Metropolitana busca documentos y declaraciones de entidades como Brookfield, sus asesores de debida diligencia (por ejemplo, Cahill y KPMG) e instituciones financieras que administran transacciones relacionadas (Scotiabank y Citibank). Scotiabank avaló la fraudulenta compra de acciones de Brookfield a Marcelo Odebrecht (sentenciado y preso).
El enfoque de la comuna limeña, representada por el abogado Martín De Luca, quien ha trabajado en casos de Lava Jato en Argentina, incluye procesos de diligencia debida, transacciones financieras y cualquier acuerdo u operación que sugiera colusión, soborno u ocultación de activos.
Cabe señalar que la multinacional canadiense Brookfield compró la mayor participación de Odebrecht en Rutas de Lima en una extraña transacción presumiblemente fraudulenta, comparable con muchos otros casos de corrupción en los que se ha visto comprometida la constructora brasileña.
