Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció la clasificación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, una medida que marca un giro drástico en su política hacia Venezuela. Washington sostiene que esta red criminal opera bajo la protección y dirección de Nicolás Maduro y altos mandos militares venezolanos.
El Gobierno estadounidense acusa al cartel de colaborar con organizaciones delictivas como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, formando una estructura transnacional dedicada al tráfico de drogas, la minería ilegal, el lavado de activos y otros delitos que afectan a la región.
Según el Departamento del Tesoro, esta designación permite a EE.UU. usar herramientas más agresivas para rastrear, bloquear y desarticular los fondos que sostienen al grupo. La orden también autoriza operaciones coordinadas con fuerzas aliadas para frenar el avance del narcoterrorismo en Sudamérica.
La administración Trump sostiene que el cártel funciona como una red infiltrada en el Estado venezolano, donde generales, ministros y funcionarios habrían participado en actividades ilícitas aprovechando su poder institucional. Expertos señalan que su estructura no es la de un cartel tradicional, sino una mezcla de aparato estatal y crimen organizado.
El anuncio provocó reacciones inmediatas en Latinoamérica. En Perú, legisladores presentaron mociones para que el Congreso también declare al Cártel de los Soles como organización terrorista, argumentando que su influencia y vínculos con otras bandas representan un riesgo para la seguridad regional.
En Ecuador, el presidente respaldó la decisión estadounidense y calificó al cartel como una amenaza directa para la estabilidad del país. Además, hizo un llamado a reforzar la cooperación internacional para enfrentar a estas mafias vinculadas al gobierno venezolano y al crimen transfronterizo.
Analistas aseguran que esta designación podría intensificar la presión diplomática sobre Maduro, quien ya enfrenta sanciones económicas y señalamientos por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, advierten que también puede aumentar la tensión política en la región y complicar posibles diálogos internacionales.
La comunidad internacional evalúa con cautela este anuncio, mientras organismos humanitarios piden que cualquier acción se realice sin afectar a la población venezolana. El debate ahora se centra en cómo esta decisión influirá en la lucha contra el narcotráfico y en las relaciones entre Washington y Caracas.
