Tras un debate de madrugada, el Pleno del Congreso aprobó la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. La norma, que deroga la Ley 32181, busca garantizar la eficacia en la lucha contra la criminalidad.
El dictamen, aprobado con 79 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención, el establece que los jueces podrán imponer prisión preliminar, incluso sin flagrancia, siempre que haya elementos razonables para sospechar que una persona cometió un delito con penas superiores a 4 años de cárcel.
Además, les permitirá dictar órdenes de detención preliminar si hay indicios de posibilidad de fuga u obstrucción de la justicia. La propuesta, presentada por la congresista Ruth Luque, fue exonerada de una segunda votación y será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La normativa restituye los parámetros del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal. Isaac Mita Alanoca, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sustentó la iniciativa, destacando el consenso de todas las bancadas para combatir la delincuencia.
Por su parte, el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, dijo que de este modo el Congreso “reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado, esta medida permitirá fortalecer la justicia y combatir la delincuencia con mayor eficacia”.
En tanto, la exprocuradora Katherine Ampuero sostuvo que la medida era necesaria para la función de jueces y fiscales. “(Es una) Facultad imprescindible para una lucha eficaz contra el crimen organizado, tráfico de drogas, terrorismo, sicariato, extorsiones violaciones, homicidios, corrupción entre otros graves delitos”, expresó en sus redes sociales.
