Responden a procurador del IPD que denunció a dirigentes que sacaron a flote la Federación Peruana de Karate
Abogado José Luis Noriega señala que debieron convocar a equipo de trabajo que logró el resurgimiento de la FPK
El karate ha sido un deporte virtualmente abandonado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), al grado que en el 2018 no existía dirigencia, ni libros, ni fondos, ni actividad, por lo que se formó un grupo de trabajo integrado por la galardonada medallista internacional Gladys Eusebio Alberto, el reconocido abogado experto en derecho corporativo y deportivo, doctor José Luis Noriega Ludwick, y el senséi y seleccionador nacional Rolly López Huaylinos.
Este Grupo de Trabajo 2018 (GT-2018) logró el resurgimiento de la Federación Peruana de Karate (FPK), haciendo que se cumpla el Plan Deportivo Anual aprobado por el IPD, se convoque a elecciones y pueda levantarse así la suspensión internacional que pesaba sobre dicha federación. Ello permitió la participación del karate en los Panamericanos de Lima 2019, posibilitando que se alzara como la disciplina deportiva con la mayor cantidad de preseas en esa justa de primera relevancia.
Sin embargo, ahora, seis años después, el IPD, a través del procurador del Ministerio de Educación, portafolio del cual depende, amenaza con demandar en forma injustificada al Grupo por supuestas faltas administrativas que ni siquiera han comunicado a los integrantes.
El procurador sostiene que formularon las observaciones directamente a la Federación Peruana de Karate, es decir, a sus actuales directivos 2025, que tampoco convocaron al GT-2018 para aclarar cualquier duda.
Al respecto, el doctor Noriega sostiene que “ante cualquier observación, el IPD debió convocarnos, y no solo hacerlo por medio de la FPK 2025 (que tampoco nos informó de la fiscalización), pues hoy a quien pretenden demandar no es a dicha entidad, sino a nosotros a título personal”.
El GT-2018 ha informado que su labor ad honorem, terminó siendo un caso a la inversa, pues en vez de reconocer el IPD la labor de este grupo de trabajo, se le pretende sancionar, sin posibilidad siquiera de haberse podido defender ante el IPD. Este grupo de trabajo busca formular sus descargos en sede administrativa.
De no respetarse el debido proceso, están pidiendo la renuncia del presidente del IPD, señor Federico Tong, toda vez que está perfectamente informado de este atropello, y se comprometió a reevaluar el caso en sede del IPD. Sin embargo, lejos de ello, solicitó al procurador del MINEDU demandar a los dirigentes, que actuaron arreglados a derecho, incurriéndose así en acciones ilícitas de fraude procesal y falsa denuncia.
