El delito de revelación de información reservada por parte de un servidor o funcionario público fue incorporado por el Gobierno al Código Penal, con penas que oscilan entre cinco y diez años de cárcel.
De acuerdo con el decreto legislativo, el objetivo de la norma es proteger la reserva de información vinculada a la persecución penal, investigaciones fiscales y diligencias policiales.
La disposición establece que el funcionario o servidor público que, de manera indebida, exhiba, filtre, entregue, capture mediante cualquier medio técnico, permita el acceso no autorizado u omita dolosamente la protección debida de información de carácter reservado, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de siete años. Para el delito de “revelación de información reservada”, la pena se eleva entre siete y diez años de prisión.
