Política

“Red criminal operó en la comuna de Lima durante gestión de Villarán”

Tiene la suerte echada. El Ministerio Público reafirmó su posición respecto de que, en la Municipalidad de Lima, durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán se enquistó una organización criminal que permitió la concesión del proyecto Rutas de Lima a la empresa brasileña Odebrecht.

Así lo indicó el fiscal Michael Chávez Terán, durante la audiencia de requerimiento de impedimento de salida del país por 36 meses para los investigados por las presuntas irregularidades en este caso que alcanza también a la gestión del exburgomaestre Luis Castañeda Lossio.

La diligencia, que se realizó de forma virtual, fue encabezada por el juez Raúl Justiniano y contó con la participación de Susana Villarán, a quien solo se vio cuando saludó a los participantes. Sin embargo, ayer solo se vieron los casos de los investigados Carlos Fernando Steiert Goicochea, Juan José Neyra Montes, exfuncionarios ediles, cuyas defensas refutaron las afirmaciones del Ministerio Público.

Luego de cerca de tres horas de intervención, el magistrado reprogramó la sesión para el próximo lunes 13 a las 2:30 p.m. Justiniano estimó que serán al menos dos semanas de audiencias debido a la gran cantidad de investigados en este caso.

De acuerdo con la acusación fiscal, Susana Villarán habría recibido aportes ilícitos de las constructoras Odebrecht, a través de la concesionaria Rutas de Lima, y OAS por un total de US$11.2 millones, a cambio de beneficios en los contratos que ambas empresas tenían con la municipalidad.

MINISTERIO PÚBLICO PIDE 29 AÑOS DE CÁRCEL PARA EXALCALDESA DE LIMA

El equipo especial Lava Jato presentó al Poder Judicial la acusación contra la exburgomaestre y otras 20 personas, la mayoría exfuncionarios villaranistas. Para todos pidió prisión efectiva. Se requirió condenar a 29 años de cárcel a Villarán, acusada de cinco delitos, el máximo castigo entre los investigados.

La imputación se sustenta en que, siendo funcionaria pública, encabezó una organización criminal que usó dinero ilegal a su favor a cambio de la entrega de obras. La propia exalcaldesa ha aceptado que recibió dinero de Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra su revocatoria en el año 2013.

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