La Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato solicitó al Poder Judicial que ordene su incorporación como actor civil o parte agraviada en la investigación preparatoria seguida a las excongresistas Marisa Glave y Ana Elena Townsend, el exministro Jorge Nieto y otros por la campaña por el “No” a la revocatoria de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
La defensa legal del Estado presentó como argumentos pretensión patrimonial que persigue, el perjuicio atribuido a cada investigado en relación con el delito que se le imputa y las razones que sustentan su legitimidad procesal para solicitar una reparación civil en este caso.
Por su parte, los abogados de Marisa Glave, de Ana Elena Townsend y de la exalcaldesa Susana Villarán presentaron escritos en los que formulan oposición a la solicitud que hizo la Procuraduría. El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional programó para el miércoles 5 de marzo a las 3:00 p. m. una audiencia virtual a fin de evaluar la solicitud de constitución en actor civil con la participación de las partes involucradas, a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.
Si dicho fuero declara fundada la solicitud, la Procuraduría solicitará acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado que se le pueda imponer a los investigados, de ser hallados culpables de los cargos que les atribuye la Fiscalía.
La investigación preparatoria gira en torno a la distribución de presuntos aportes económicos ilegales por la suma de 530,000 dólares por parte de las empresas brasileñas Odebrecht y O.A.S para financiar la campaña por el “NO” a la revocatoria de la entonces alcaldesa Susana Villarán en 2013.
VARIOS EXFUNCIONARIOS MUNICIPALES INCLUIDOS EN LA INVESTIGACIÓN
En la investigación preparatoria también están incluidos los exregidores municipales Jaime Salinas López-Torres, Zoila Elena Reátegui Barquero y Carlos Enrique Juscamaita Aranguena por el mismo cargo.
Además, el exfuncionario de la comuna capitalina Gabriel Prado Ramos, Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde y Álvaro Espinoza Benza, además de la Fundación “Unidos para Transformar”, también por el presunto delito de lavado de activos.
