“Presidenta del PJ, Janet Tello, no se salva de proceso disciplinario”
Abogado penalista Wilber Medina señala que sentencia del TC no la exculpa
Según el abogado procesalista Wilber Medina, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que repone a Aldo Figueroa Navarro como juez supremo, al declarar nulo el proceso disciplinario en su contra y de otros magistrados, como Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, no la exculpa a esta, por lo que se le debe iniciar una nueva investigación.
“Los caviares están celebrando por gusto. Esta sentencia no salva a Janet Tello, quien ya no será investigada en el marco de un proceso inmediato, pero sí en un proceso ordinario, que tiene etapas más dilatadas”, declaró el jurista a La Noticia.
Wilber Medina explicó que el problema lo creó la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ), al disponer un mecanismo para la destitución de jueces y fiscales con un proceso inmediato, fuera del marco constitucional y de la Ley Orgánica. Agregó que, por lo tanto, todos los procesos disciplinarios se deben volver a iniciar, pero con las reglas de un proceso ordinario sancionador.
“El lunes (mañana), en estricto cumplimiento de la sentencia del caso de Aldo Figueroa, se debe declara la nulidad del reglamento que crea el proceso in mediato. Y, como consecuencia, la nulidad de todas las decisiones contra todos los jueces y fiscales que fueron objeto de esas medidas con proceso inmediato, para reencauzarlos a un proceso ordinario”, agregó.
Indicó que las investigaciones seguirán bajo las reglas de un proceso ordinario, que es más dilatado y garantista. “Janet Tello va a tener un proceso donde va a poder hacer sus descargos, va a pedir informe oral, etc.”, manifestó. “O sea, mal negocio para los caviares, quienes dicen que el proceso contra Janet Tello se anula y ya no será investigada, celebran por gusto”, puntualizó.
Miembros de la JNJ serían denunciado
Wilber Medina señaló que, tras la decisión del TC de declarar nulo el proceso inmediato “inventado” por la JNJ anterior, automáticamente queda habilitada la acusación constitucional contra los 7 miembros de dicha institución por haber cometido los delitos de prevaricato, abuso de autoridad e infracción constitucional. “Al crear un proceso inmediato han cometido esos tres delitos. Y como consecuencia van a ser procesados penalmente e inhabilitados por 10 años para ejercer la función pública.”, refirió.
