La bancada parlamentaria de Renovación Popular presentó una iniciativa legal que propone sancionar con “inhabilitación perpetua” a los funcionarios designados y de “elección popular”, incluidos los denominados “mochasueldos”, que cometan el delito de cohecho.
El proyecto de ley, impulsado por la legisladora Norma Yarrow, propone que “el funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de 10 años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 180 a 365 días multa».
Además, plantea que “el funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de diez años e inhabilitación (…)”.
