“En el PJ se tiene que cambiar la cabeza”

• Para el doctor Humberto Abanto, la reforma en el sistema de justicia tiene que darse desde la ley, pero respetando la autonomía de la institución. Afirma que el Poder Judicial y el Ministerio no deben ser intervenidos por otros poderes.

POR: EDINSON COTRINA

El reconocido abogado penalista Humberto Abanto fue categórico al señalar la necesidad inminente de una reestructuración profunda del Poder Judicial y el Ministerio Público en Perú. En sus declaraciones, enfatizó que el cambio debe gestarse “en el ápice de la pirámide” de ambas instituciones. Asimismo, afirmó que su defendida, Patricia Benavides, “va a tomar el cargo de Fiscal de la Nación este año”.

En su experiencia, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el Poder Judicial peruano en la actualidad para garantizar un debido proceso y una justicia eficaz?

El primer gran desafío es que el Poder Judicial logre vencer su histórico desapego a la Constitución y a los derechos fundamentales. Como lo señaló Javier Valle Riestra al sustentar la creación del Tribunal Constitucional en la Carta de 1979. Es un rasgo histórico dentro de la justicia ordinaria y ha sido su desprecio por la Constitución y los derechos fundamentales. Entonces, ese es el primer punto que debería tenerse presente. El segundo desafío que tiene es el de renunciar al espíritu francés del funcionariado y asumir el concepto anglosajón del servidor civil.

De tal manera que entiendan que el ciudadano no está sometido al funcionario, sino que el servidor está a disposición del ciudadano. Y un tercer punto que hay que entender es la necesidad de simplificar los procesos, manteniendo seguridad jurídica.

¿Cómo se debería reestructurar el Poder Judicial o el Ministerio Público?

Lo he dicho en varias ocasiones, no solamente el Poder Judicial, sino también el Ministerio Público. Como son organizaciones piramidales, el cambio tiene que darse en el ápice de la pirámide, en el punto más alto, que es la Corte Suprema, en el caso del Poder Judicial, y la Junta de Fiscales Supremos, en el caso del Ministerio Público. La Corte Suprema trabaja con 47 jueces supremos, de los cuales solo 18 son jueces titulares. Por lo tanto, debería darse una reforma que permita elevar a no menos de 40 y óptimamente a 45 los puestos de jueces supremos titulares. Y, por otro lado, la Junta de Fiscales Supremos en este momento tiene solo 5 fiscales titulares y debería tener no menos de 11 para que puedan de alguna manera acompasar el trabajo del Poder Judicial.

Se necesita, digamos, de una verdadera reestructuración.

Tiene que cambiar la cabeza; si no cambia la cabeza, todo esfuerzo de reforma va a ser inútil. Y a partir de esa reforma en la cabeza, se tiene que ir progresando hacia los jueces superiores, los jueces especializados, los jueces de paz letrados, entre otros. Es decir, la reforma no puede hacerse con un Poder Judicial, con un Poder Ejecutivo o un Poder Legislativo o ambos juntos, interviniendo al Poder Judicial, claro.

¿Y cómo evaluaría usted la gestión de la actual fiscal de la nación, Delia Espinosa?

Me abstengo de contestar porque soy abogado de la señora Benavides. No quiero decir una cosa bien fea.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha afirmado que está de acuerdo con la reforma del sistema de justicia que ha señalado la presidenta Dina Boluarte; sin embargo, rechaza cualquier medida que implique una intervención. ¿Qué opinión al respecto?

Estoy de acuerdo en ese aspecto, aunque estoy recordando una vieja frase anglosajona, que hasta un reloj más logrado puede dar la hora correcta. No puedo negar que estoy de acuerdo porque no puede haber una intervención del Ministerio Público por otros poderes. La reforma tiene que darse desde la ley, pero respetando la autonomía de la institución.

Usted, que es abogado de la señora Patricia Benavides, ¿ella volverá a su cargo como fiscal de la Nación?

El mandato de la Junta Nacional de Justicia tendrá que cumplirse, de todas maneras. Y esperamos que no obliguen a la Junta Nacional de Justicia a imponer sanciones para que se cumpla lo ordenado.

¿Usted cómo evalúa el plazo?

Todavía tenemos hoy (ayer) un debate sobre la suspensión; hay una suspensión dictada por un juez supremo provisional. Que acredita justamente para nosotros la objeción que tenemos a esta provisionalidad. Y, además, curiosamente, fue juez supremo exclusivamente para pronunciarse sobre esto y luego milagrosamente renunció.

Segismundo León Velasco, juez supremo provisional que resolvió en pocas horas la suspensión de Patricia Benavides, dejó esta instancia y ha vuelto a su labor en una sala superior de Lima. ¿Qué le parece esa situación?

Más allá de las especulaciones, es imprescindible que se lleve adelante una reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público. Ninguno de los dos está cumpliendo con la tarea para la que constituye.

¿Cuándo Patricia Benavides tomaría el cargo, este año o el próximo año?

Este año tendría que ser; hoy (ayer) es el debate sobre las suspensiones que le dieron a la señora Benavides en cuanto a la Sala Penal Permanente de la Corte. Nosotros esperamos que la Sala Penal Permanente tenga un fallo ajustado a la Constitución y a la ley. Si eso se produjese y, como consecuencia, se anulase esta suspensión, ya no habría ninguna objeción válida para que la señora no sea reincorporada al Ministerio Público. Ya corresponderá a la Junta Nacional de Justicia lograr que eso se haga, usando todos los soportes que la ley le plantea.

¿Usted cree que existe una mafia, una organización criminal que controla la Fiscalía?  

Yo creo que la fiscalía no está cumpliendo su tarea. Y creo que las declaraciones del señor (Jaime) Villanueva, las propias declaraciones del señor (Pablo) Sánchez, revelándonos a todos que había contratado al señor Gorriti, como una especie de operador de comunicaciones, confirman lo que yo revelé en un programa de Beto Ortiz, en el que se establecían los contactos entre la señorita Romina Mella y un fiscal de Brasil para que invitaran al señor Sánchez. Entonces, la pregunta puntual es: ¿Quién está realmente controlando el proceso?

¿Usted considera que esta influencia caviar que hay en nuestro sistema judicial es profunda?

Yo creo que hay dos cosas que hay que subrayar: una intervención hacia los altos niveles y una toma de la mente de los jueces y fiscales que se han creído el discurso jurídico o pseudojurídico que ha construido la izquierda caviar.

SOBRE IDL Y GORRITI SE HA CONSTITUIDO UNA SOSPECHA MÁS FUERTE

¿El Instituto de Defensa Legal (IDL) y el señor Gorriti deben responder a la justicia?

Yo creo que esto que comenzó como una habladuría, a la luz de los casos que se van recogiendo, se va constituyendo en una sospecha más fuerte. Si son inocentes, deberían ser absueltos, y si son culpables, condenados.