POR: HILMER GASCO SAAVEDRA
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada revocó el mandato de 36 meses de prisión preventiva contra Jorge Barata, al considerar que los fiscales del Equipo Lava Jato no sustentaron de manera específica qué actos procesales pendientes justificarían una restricción de libertad del exdirectivo de Odebrecht.
Al comentar esta decisión, Erasmo Reyna, exabogado de Alan García, dijo que, tras conocerse el contenido del acuerdo con Odebrecht, ahora uno no puede saber si la revocatoria de la prisión preventiva de Barata es producto de la desidia, irresponsabilidad, incapacidad, o es parte de un libreto para que los corruptos de Odebrecht no pisen ni un minuto la cárcel.
“Muchos años estos fiscales han utilizado indebidamente la prisión preventiva. Entonces, este revés, entre comillas; o es un nuevo acto de negligencia, por no haber sabido sustentar la prisión preventiva, o estamos frente a un libreto para que estos señores salgan bien librados. Entonces por andas o por mangas, tenemos a un fiscal que ya viene haciendo el ridículo”, dijo a La Noticia.
En tanto, el abogado penalista Andy Carrión consideró que la medida de segunda instancia ha sido correctamente aplicada y explicó que hubo un error no solo en la presentación del pedido de la Fiscalía, sino en el hecho que este requerimiento haya sido aceptado en primera instancia.
Consideró que la revocatoria del mandato de prisión preventiva contra Barata “es una derrota más para el equipo especial de Lava Jato, porque ellos son los que promovieron esta detención, pero a entender de la sala no habría suficientes motivos, y, además, es una muestra del deficiente trabajo que han realizado durante estos años”, señaló a nuestro medio.
SALA SOLO LE DICTÓ COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES
Tras revocar la orden de prisión preventiva, la Sala de Apelaciones dictó contra Jorge Barata comparecencia con restricciones por 24 meses, además de reglas de conducta, como la obligación de presentarse ante la autoridad judicial para el control biométrico de manera mensual; la obligación de no ausentarse de su lugar de residencia sin previa autorización judicial; la obligación de presentarse ante la autoridad fiscal y judicial cada vez que sean requeridos, de forma virtual; y el pago de una caución económica de S/500,000 que deberán ser abonados en 10 días.
