La Presidencia del Poder Judicial (PJ) presentó ante el Congreso un proyecto de ley que busca autorizar la creación de una nueva escala remunerativa para su personal jurisdiccional y administrativo, amparado en el régimen del Decreto Legislativo 728, correspondiente a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
Esta propuesta se alinea con uno de los compromisos asumidos públicamente por la presidenta del PJ, Janet Tello Gilardi, durante su mensaje de inicio de gestión en enero de 2025. “Mejorar los ingresos de nuestros trabajadores con la gestión de los recursos para el IV tramo de la escala salarial, unificando el régimen laboral con nuestros trabajadores”, señaló Tello en aquella oportunidad.
La iniciativa fue aprobada previamente por la Sala Plena de la Corte Suprema, como parte de una política institucional de diálogo y concertación con federaciones y sindicatos, con el objetivo de alcanzar consensos orientados al bienestar del personal.
Retención de talento y fortalecimiento institucional
El proyecto de ley tiene como finalidad fortalecer el sistema de justicia mediante la mejora de las condiciones laborales del personal, promoviendo así la captación y retención de trabajadores calificados. Desde el Poder Judicial se advierte que, actualmente, los ingresos que percibe su personal se encuentran por debajo del promedio del sector público, lo que ha generado una creciente migración hacia otras entidades del Estado.
Para revertir esta situación, el Poder Judicial solicita al Congreso autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar, durante el año fiscal 2025, un estudio técnico que permita establecer una nueva escala salarial, alineada con los estándares del mercado laboral del sector justicia.
Financiamiento y aplicación de la medida
La propuesta establece que la nueva escala remunerativa será aprobada a través de un decreto supremo refrendado por el MEF, a propuesta del Poder Judicial. Además, solicita la exoneración del artículo 6° de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025, a fin de viabilizar su implementación.
Un punto relevante del proyecto es que el 40 % del nuevo ingreso del personal tendría carácter pensionable y estaría sujeto a las cargas sociales correspondientes.
Finalmente, la aplicación de esta medida se financiaría íntegramente con el presupuesto institucional del Poder Judicial, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.
Esta propuesta busca mejorar las condiciones laborales del personal judicial como un paso clave hacia una justicia más eficiente, oportuna y de calidad para todos los ciudadanos.
