El Poder Judicial dictó este lunes una orden de impedimento de salida del país por un periodo de 36 meses contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en el marco del proceso que enfrenta por presuntos aportes ilícitos recibidos de las constructoras Odebrecht y OAS durante sus campañas municipales.
La decisión fue tomada por el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, quien argumentó que la medida se justifica por la gravedad de los delitos imputados y la pena solicitada por la fiscalía. Según explicó, la exburgomaestre afronta un proceso por asociación ilícita para delinquir, colusión agravada, cohecho pasivo propio y lavado de activos en calidad de autora mediata, delitos por los que el Ministerio Público ha solicitado una condena de 29 años de prisión.
“El impedimento de salida del país es una medida menos gravosa que la prisión preventiva y busca garantizar la presencia del procesado durante la etapa de juzgamiento”, sostuvo el magistrado durante la audiencia. Chávez Tamariz también consideró que existe un nivel de “sospecha fuerte” sobre la participación de Villarán en los hechos investigados, según el auto de enjuiciamiento.
La orden deberá ser ejecutada por Migraciones, institución que ya fue notificada para que se evite cualquier intento de salida del país por parte de la exfuncionaria durante el proceso judicial en curso.
En la misma audiencia, tanto Villarán como su defensa legal aceptaron la imposición de la medida. “Me allano al impedimento de salida del país. No he tenido intención de huir ni la voy a tener”, afirmó la exalcaldesa, quien señaló que ha cumplido con todas las obligaciones impuestas desde el inicio del proceso.
Por otro lado, el juez declaró infundado el pedido de la fiscalía para que se prohíba a Villarán mantener contacto con testigos e implicados en el caso, al considerar que el Ministerio Público no justificó el riesgo procesal correspondiente para esa restricción. El fiscal anunció que apelará esta decisión.
La audiencia continuará con la revisión de las medidas requeridas contra otros implicados en el mismo proceso penal.
