El Estado peruano no asumirá la defensa legal de la expresidenta Dina Boluarte en la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado.
El Despacho Presidencial, tras analizar el informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, tomó esta resolución tras concluir que los hechos materia de la pesquisa no guardan relación directa con el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, sí autorizó que el Estado asuma la defensa y asesoría legal de Boluarte en otros cuatro procesos que enfrenta ante el Ministerio Público, al considerar que estos sí estarían vinculados al ejercicio de sus funciones como jefa de Estado como el denominado caso “Cirugías”, el desmantelamiento del Eficcop y los hechos durante las protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
