En el Perú existe una creciente sensación de abuso en el sistema privado de salud. No se trata solamente del alto costo de las clínicas o de los seguros médicos, sino de algo mucho más grave: la incertidumbre sobre qué es realmente una emergencia y desde qué momento el paciente deja de estar protegido por la Ley de Emergencia para pasar a un sistema de copagos y pagos adelantados.
El problema no es teórico. Muchas familias peruanas han vivido situaciones donde, en medio de un infarto o una condición crítica, terminan discutiendo con clínicas y aseguradoras sobre quién paga, mientras un pariente pelea por su vida.
Ahí aparece una de las zonas más cuestionables del sistema: la diferencia entre “emergencia” y “hospitalización”
. La Ley N.° 27604 establece que las emergencias médico quirúrgicas deben ser atendidas de manera inmediata y sin condicionamientos económicos previos. La lógica es clara: cuando existe riesgo inminente de muerte, la prioridad debe ser salvar la vida del paciente.
Sin embargo, en la práctica parece haberse creado una reinterpretación administrativa de la emergencia.
Primero la clínica confirma el riesgo vital. Luego los médicos determinan que se necesita una intervención urgente para evitar la muerte o daños irreversibles. Pero después aparece el argumento de que dicho procedimiento ya no forma parte de la emergencia sino de la hospitalización, activando copagos y cobros adicionales de miles de soles.
Y ahí surge una pregunta razonable: si un paciente llega con un infarto confirmado y necesita un cateterismo urgente para sobrevivir, ¿cómo puede sostenerse que ese procedimiento deja de formar parte de la emergencia simplemente porque administrativamente el paciente fue registrado como hospitalizado? Desde una lógica médica, la emergencia no termina cuando el paciente cambia de área. Termina cuando logra estabilizarse. Y precisamente el procedimiento urgente es lo que busca conseguir esa estabilización.
El problema además tiene una dimensión humana evidente. En una emergencia real no existe libertad contractual ni capacidad de negociación. Nadie compara precios mientras un familiar está sufriendo un infarto. Nadie analiza cláusulas mientras los médicos advierten riesgo de muerte.
Por eso resulta tan delicado que algunas instituciones separen administrativamente la emergencia de los procedimientos que justamente buscan salvar la vida del paciente. O lo que es peor: muchas familias sienten que el mensaje implícito termina siendo “pague primero o no podremos intervenir”, generando la percepción de que, si no aparece el dinero, simplemente no existiría la misma disposición para salvar al paciente.
Y aquí el problema deja de ser solamente médico o económico. Se convierte en un problema político y social. Cada vez que una familia siente que el sistema aprovechó su desesperación para reinterpretar coberturas o exigir pagos inmediatos, la confianza institucional se destruye un poco más. Y cuando la confianza desaparece, aparecen inevitablemente los discursos radicales y los candidatos extremos.
La salud no puede funcionar bajo la lógica de primero reinterpretamos el contrato y luego vemos cómo salvamos al paciente, porque eso es precisamente lo que muchas personas sienten que está ocurriendo.
(*) Abogado
