Estamos viviendo, qué duda cabe, un fenómeno de violencia sin par. Pero, como todo hecho social, hay que examinarlo con lentes diferentes a los que siempre usamos, justamente para no seguir haciendo más de lo mismo frente a una realidad social compleja, difícil y, sobre todo, grave, que se complica por el bajo nivel de compromiso gubernamental de nuestros mandatarios actuales, cuyo desconocimiento y falta de experticia en esta problemática de la inseguridad es alarmante.
Nuestro país tiene un valor geopolítico mundial singular. Su historia recoge episodios como el incanato, el virreinato y la emancipación, y ha sostenido una hegemonía no por la buena gestión estatal, sino por su ubicación privilegiada entre los 20 países más grandes del mundo, con riquezas naturales, mineras y culturales que atraen intereses globales. En un contexto internacional degradado por guerras, miseria y cambio climático, Perú se convierte en una “perita dulce” que algunos poderes buscan explotar sembrando el caos social, político y económico, usando como vehículo ideologías que prometen transformaciones ilusorias.
Así, corrientes como el socialismo —antesala del comunismo— se han infiltrado mediante organismos como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y hasta la Agenda 2030. Su fracaso en otras latitudes no ha impedido que se intenten imponer aprovechando la desinformación y frustración de muchos, debilitando el compromiso ciudadano con el sistema democrático, mientras las autoridades agravan la situación con su conducta errática frente a la corrupción y la criminalidad.
No es casual que Perú esté expuesto a estrategias políticas foráneas que pasan inadvertidas. El caos actual no se limita a robos o asesinatos: hay un proyecto para destruir la institucionalidad y alterar el orden democrático. La Seguridad Ciudadana, incorporada recién en la Constitución de 1993, refleja ese desajuste: aparece de forma forzada en el capítulo XIV (Descentralización), y no en el capítulo XII, donde correspondería por tratarse de seguridad nacional.
Se ha sustituido el concepto tradicional de Orden Público por una “seguridad” gestionada por municipios que no tienen atribuciones, preparación ni perfil funcional para asumir esa responsabilidad. Esta usurpación de funciones policiales genera desorden y violencia. Más grave aún: en el artículo 166 de la Constitución, no se menciona la Seguridad Ciudadana como función de la PNP. Su incorporación mediante el Decreto Legislativo 1267 (2016) contradice el principio de jerarquía normativa, diluye la institucionalidad policial y permite manipulaciones ideológicas.
Esta distorsión normativa e institucional hace que el caos se prolongue. Una eventual censura al actual ministro del Interior ignora que su rol no se alinea con lo que jurídicamente debería asumir. Cambiar al titular del sector no resolverá el problema si el Estado carece de una política clara, efectiva y coherente. Sin voluntad política, todo intento será cosmético, y la amenaza persistirá.
(*) Presidente de APROSEC.
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