En el marco de la carpeta fiscal Nº 63-2024, me dirijo a la Fiscalía de la Cuarta Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, Equipo Nº 03, para expresar una preocupación que toca directamente el respeto al debido proceso y las garantías que deben regir toda investigación preparatoria.
Como abogado de Jesús Santos Victorio Acuña, investigado por supuesto delito de criminalidad organizada y secuestro, en agravio del Estado y de Jackeline Janina Salazar Flores, debo señalar que la Fiscalía no puede permitir que la Policía intervenga disponiendo el internamiento de un investigado en dependencias policiales, cuando lo correcto es que sea depositado en la carceleta de la propia Fiscalía. Por ello, solicito copia del video de las cámaras de seguridad que registren la entrada, salida y estadía en el calabozo de la DIRCOTE, donde estuvo detenido Erick Luis Moreno Hernández, alias “el monstruo”. Es indispensable conocer quiénes lo visitaron y bajo qué circunstancias se produjo su permanencia en dicha dependencia. Asimismo, requiero el oficio o documento de la autoridad que dispuso su internamiento en la DIRCOTE, pues la competencia corresponde a la Fiscalía y no a la Policía.
La pertinencia de este pedido se sustenta en hechos graves: el citado investigado ha manifestado que miembros policiales en actividad han sido infiltrados por él en la DIRINCRI, llegando incluso a mostrar fotografías de mi defendido junto al coronel Jorge Luis Carpio Ordaya, jefe de secuestros de la PNP. Este oficial, citado en tres oportunidades por la Fiscalía para prestar testimonio sin haber concurrido, apareció el día de ayer acompañando al investigado, tomándolo del brazo.
La defensa de Jesús Santos Victorio Acuña teme que se intente instigar al detenido para que formule declaraciones en contra de mi patrocinado, o que se le presione para no revelar las infiltraciones policiales que ya han sido reconocidas en diversas instancias: fiscalías, jueces de investigación, fiscal superior, jueces superiores, incluso por el exministro del Interior José Santibañez y el Defensor del Pueblo.
La utilidad de este pedido es clara: evitar manipulaciones, garantizar transparencia y preservar la integridad del proceso. La justicia no puede permitir que se vulneren las competencias de la Fiscalía ni que se generen espacios de presión indebida sobre los investigados. Por tanto, reitero mi solicitud: que la Fiscalía disponga la entrega de los videos y documentos mencionados, en aras de proteger el debido proceso y la legitimidad de la investigación.
(*) Exdecano del CAL.
