El Poder Judicial condenó a ocho años de prisión efectiva a Gabriel Prado, exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, al hallarlo culpable del delito de peculado doloso agravado.
Según la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Primer Despacho) de Lima Centro, el exfuncionario municipal se apropió indebidamente de caudales pertenecientes a la comuna y la Fundación Lima por un monto de S/ 20,000 que estaban destinados al apoyo de las familias afectadas por el incendio ocurrido el 28 de enero de 2012 en el Centro de Rehabilitación Dios es Amor, en San Juan de Lurigancho.
La Fiscalía sostiene que el dinero debía destinarse para la adquisición de ataúdes, traslados de féretros y gastos de movilidad, entre otros conceptos esenciales para mitigar la tragedia.
La sentencia también estableció el pago de reparación civil de S/ 26,000, que comprende S/ 20,000 por daño patrimonial y S/ 6,000 por daño extrapatrimonial a favor del Estado, que deberá abonar el condenado que, además, quedó inhabilitado por ocho años para el ejercicio de cualquier cargo público.
INVESTIGACIÓN A LA EXALCALDESA
En tanto, el Poder Judicial amplió por 20 meses la investigación preparatoria contra Susana Villarán, por el presunto delito de lavado de activos. Como resultado de esta medida, la exautoridad deberá continuar compareciendo ante la justicia.
El juez Richard Concepción Carhuancho aceptó el pedido fiscal y extendió el proceso penal contra la exburgomaestre y otros investigados, debido a la complejidad del caso, el número de imputados y los hechos implicados.
El juicio oral contra Villarán está programado para el 23 de septiembre. Enfrentará acusaciones por lavado de activos, asociación ilícita, colusión agravada, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Se le acusa de haber recibido dinero de Odebrecht y OAS para financiar su campaña contra la revocatoria en 2013 y su reelección en 2014.
DINERO ESTABA DESIGNADO A CUBRIR SEPELIOS
En el Centro de Rehabilitación “Dios es Amor”, decenas de jóvenes con problemas de adicción fallecieron atrapados entre candados y rejas durante el incendio. Tras ello se dictó una serie de medidas municipales para atender a los familiares, entre ellas la entrega de apoyo económico para cubrir los sepelios.
Para la fiscal Rut Ucañay, no se trataba de un gasto cualquiera. “Era dinero asignado para responder a una tragedia que dejó a muchas personas sumidas en el dolor”, apuntó durante el requerimiento de prisión contra Gabriel Prado, quien tenía acceso a los fondos para estos casos de emergencia.
