No se puede hablar de mejorar el sistema de justicia eliminando nada menos que al organismo autónomo constitucional encargado de la selección y nombramiento de los jueces y fiscales de todos los niveles del Poder Judicial y del Ministerio Público, del jefe de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), del jefe del RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
Menos aún se puede hablar de mejorar el sistema de justicia cuando se propone en lugar de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) una pretendida “Escuela nacional de justicia”, que tendría a su cargo ya no solamente la formación y capacitación de los jueces y fiscales, sino que también la selección y nombramiento de los jueces y fiscales de todos los niveles del Poder Judicial y del Ministerio Público, del jefe de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), del jefe del RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
No hay lógica en un planteamiento de esa índole, pues entre un organismo autónomo constitucional como la Junta Nacional de Justicia, que se encarga a dedicación exclusiva de la selección y nombramiento de los jueces y fiscales y de las otras autoridades en mención del Estado, y una pretendida “Escuela nacional de justicia”, que se encarga no solamente de la formación y capacitación de los jueces y fiscales, sino también de la selección y nombramiento de los jueces y fiscales y de las otras autoridades del Estado en mención, mucho más ventajas y bondades tiene la selección y nombramiento de jueces y fiscales a cargo de la Junta Nacional de Justicia, ya que ésta se dedica a tal función a dedicación exclusiva.
Nada justifica eliminar la Junta Nacional de Justicia. que se dedica exclusivamente a la muy delicada e importante función de seleccionar y nombrar jueces y fiscales, para instaurar en su lugar a una pretendida “Escuela nacional de justicia” con sobrecarga en su función al tener que realizar dos funciones constitucionales, como son la función de formar y capacitar jueces y fiscales, y, además de ello, la función de seleccionar y nombrar a jueces y fiscales del país.
(*) Miembro suplente de la Junta Nacional de Justicia
