El jurista Carlos Caro Coria cuestionó la investigación preliminar de la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte por presunta cirugía de nariz. La investigación se centra en la presunta omisión de funciones y abandono del cargo, debido a una rinoplastia no informada al Congreso. “No existe norma expresa que obligara a la presidenta a informar al Congreso sobre su rinoplastia, incluso cuando ésta hubiera sido no necesaria o estética”, afirmó el abogado penalista.
Explicó que el deber de informar podría construirse en base a interpretaciones constitucionales relacionadas con la incapacidad temporal, la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, enfatizó que “la ausencia de un deber expreso debilita la imputación penal por omisión de funciones (artículo 377 Código Penal) o abandono del cargo (artículo 380 Código Penal)”.
Añadió que el principio de legalidad y la garantía de certeza exigen que todo delito esté claramente tipificado, y que, si el deber de comunicar emana de una interpretación, “ello no basta para imputar omisión de funciones”.
