Hace tiempo que algo no cuadraba, pues la balanza de la justicia estaba adulterada y muchas veces se miraba con complicidad hacia un solo lado del espectro político.
Hoy, la realidad nos da la razón. El anuncio de José Domingo Pérez asumiendo la defensa legal de Pedro Castillo, a quien ahora se atreve a calificar como un “preso político”, pone todo en evidencia; el fracasado fiscal que tantas veces dedicó sus alaridos a la destrucción de sus enemigos políticos, se ha quitado la máscara.
La conexión es evidente. No es coincidencia tampoco la invitación pública de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú para que Pérez lidere la supuesta reforma del sistema de justicia en un eventual gobierno del rojerío antipatria. “Por una mayoría política y social. Para impulsar un amplio proceso democrático de reforma integral del sistema de justicia y lucha implacable contra la corrupción, bienvenido Dr. José Domingo Pérez”, manifestó Sánchez.
Pérez por su parte posó en una foto con Sánchez y confirmó su verdadera militancia al anunciar: “Hoy reafirmamos nuestra posición con claridad. Nuestra labor jurídica está comprometida con la libertad de Pedro Castillo Terrones”. Aquel fiscal que se vendió al país como el paladín solitario contra la corrupción, hoy no tiene reparos en convertirse en cómplice de quien intentó quebrar el orden constitucional con un golpe de Estado. Es la evidencia de una alianza política que ha operado bajo el disfraz de la legalidad para perseguir adversarios mientras preparaba el terreno para el asalto total al poder.
Pero la red es más profunda y tiene nudos que amarran nuestro sistema electoral. La participación de Julio Arbizú en el equipo legal de Perú Libre y su defensa cerrada de la gestión de Piero Corvetto en la ONPE completan el cuadro. Estamos ante un blindaje sistémico donde los mismos actores se rotan los cargos: unos acusan, otros defienden y otros aseguran que los votos “cuadren”. Si el encargado de juzgar la corrupción termina siendo el abogado del golpismo y el asesor de la izquierda radical y si el que debía cuidar nuestros votos se echa en brazos de un estudio de abogados recordado por la defensa de terroristas y otras acciones abyectas y deplorables, ¿quién protege realmente nuestra libertad y nuestra democracia?
Esta es la verdadera amenaza al modelo de vida que defendemos. No es solo un pleito de abogados; es una ofensiva coordinada contra el libre mercado y la institucionalidad por parte de sectores que odian la libertad, pero aman el control del Estado.
Cuando la justicia se convierte en una sucursal del partido, el ciudadano de a pie queda indefenso. Lo que estamos viendo es el sinceramiento de una izquierda que ya no necesita esconderse porque cree que ya ganó la batalla moral. Pero se equivocan. Al quitarse la máscara, han perdido su arma más poderosa: el engaño. Ahora sabemos exactamente quiénes son y a qué intereses responden. La batalla por la verdad apenas comienza.
(*) Analista político.
