Modificaciones sobre colaboración eficaz: más corrupción e impunidad
El Congreso de la República, cada día nos sorprende con nuevas decisiones, en las que dejan de lado la meritocracia, tales como el nombramiento de funcionarios que son de su competencia el llevar cabo su elección: el Defensor del Pueblo, en las que se deja de lado a connotados postulantes, abogados de reconocida solvencia, moral e intelectual, única y exclusivamente por razones o intereses políticos, que son recurrentes, por parte de algunos congresistas a quienes no le interesa el país, ni mucho menos a los peruanos, sobre todo, cuando son conocidos por las denuncias que pesan contra ellos, de hechos delictivos; y, que también han sido favorecidos por sus “colegas”, que de una u otra forma, han resuelto que no sean investigados.
Esta situación es recurrente y motiva que la aceptación del Congreso sea ínfima, justamente, porque favorecen a la corrupción e impunidad, es decir “otorongo no come otorongo” pero es una impunidad temporal.
Ahora verificamos que van a elegir a un miembro del Tribunal Constitucional, en reemplazo del prestigioso y reconocido abogado Augusto Ferrero Costa; y, para tal efecto, nos damos con una gran sorpresa que se ha dejado de lado al doctor José Urquizo Olaechea, reconocido penalista, profesor universitario, con doctorado en España, autor de varios libros, profesor universitario en diversas universidades, tales como San Marcos, decano en una universidad particular, es decir, con los méritos suficientes, tanto en lo profesional, intelectual y moral, sin desconocer a los que han quedado como candidatos a ser elegidos, sino que el cuestionamiento, es que se deja de lado a un penalista, sin tener en cuenta que casi el 80% de procesos constitucionales son hábeas corpus, relacionados con procesos penales y con la vulneración de derechos fundamentales contra la libertad personal y derechos conexos, quien mejor que un penalista que integre el Tribunal Constitucional.
Y siguen los actos que merecen el rechazo de los especialistas, como la modificación a la colaboración eficaz, en lo que respecta al plazo, acuerdo preliminar y grabación de las declaraciones, las mismas que darían lugar al incremento de la corrupción e impunidad, máxime cuando varios congresistas están seriamente comprometidos en actos delictivos y con las modificaciones se verían beneficiados con estas modificaciones, pues a los meses pedirían que se ha vencido el plazo y como la formación proporcionada por un aspirante a colaborador debe ser corroborada, ello lleve tiempo, el Ministerio Público y Poder Judicial, al no tener el presupuesto, logística, personal;, lógicamente, no podía dictarse una sentencia por el juez, que apruebe el acuerdo final al que debe llegar un colaborador y el fiscal, de tal manera que el Poder Ejecutivo, está en la obligación de observar esta ley, porque las modificaciones, carecen de técnica jurídica.
Por decir lo menos, cuando en realidad lo único que persiguen es su impunidad, pero como repito es solo temporal, no como el sueldo que van a recibir de por vida, como jubilado, que no se lo merecen, pues es inaudito que por ser congresistas por cinco años, perciban de por vida lo que ganan al término de su mandato congresal. Nadie en el país se beneficia de esa manera.
(*) Expresidente del CAL
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